Demandan damnificados de UH Tlalpan a Amieva concluya el secuestro en que está la reconstrucción de CDMX

Luego de la toma de protesta de José Ramón Amieva Gálvez como Jefe de Gobierno, Damnificados Unidos de la Ciudad de México reiteraron su exigencia de que termine el secuestro en que está el proceso de reconstrucción de los inmuebles afectados por los sismos del 7 y 19S.

Sobre todo, afirmaron, cuando las acciones de su antecesor, Miguel Ángel Mancera Espinosa, fueron insuficientes para atender la situación de emergencia, aún presente en numerosas delegaciones de nuestra ciudad, por lo que confiaron que con Amieva Gálvez no suceda lo mismo.

Dijeron que entre las tareas urgentes se encuentra el establecimiento de trasparencia en el ejercicio de los recursos, así como la atención inmediata de los acuerdos contraídos previamente con el gobierno capitalino.

A casi siete meses del sismo, aseguraron que  no existe certeza ni avances claros sobre la reconstrucción, reforzamiento y reparación de inmuebles afectados, que según datos actualizados de nuestro registro independiente suman 740 predios (edificios y casas) en los que viven -o vivían- más de 7 mil familias.

A la fecha, indicaron, sólo el 37.2 por ciento de los predios afectados cuentan con un dictamen firmado por un especialista y, lamentablemente, todavía existen familias que pernoctan en sus casas a pesar del daño estructural por no tener a dónde ir o no contar con recursos para pagar una renta.

El 23% de los damnificados vive en las calles, en campamentos improvisados que no cuentan con las condiciones mínimas para una estancia digna. En este sentido, los esfuerzos de la sociedad civil por hacer más llevadera la situación de los damnificados han sido más significativos que los desarrollados por la propia autoridad.

Por ello, reiteraron su petición al nuevo titular de la Jefatura de Gobierno para que no subestime nuestros procesos organizativos y tenga la apertura para reunirse con nosotros con la finalidad de que responda a nuestras demandas.

Manifestaron  su rechazo a la aplicación de un estudio socioeconómico para poder acreditar el acceso a los recursos públicos, porque es un ejercicio discriminatorio que no refleja el carácter vulnerable de los damnificados.

El nuevo Jefe de Gobierno conoce a plenitud nuestras demandas y exigencias, toda vez que como secretario de Desarrollo Social participó en las mesas de trabajo que empezamos a sostener, a principios de año, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, puntualizaron.

 

 

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