Descubren monumental desvío de 192 mdd a través de Universidades Públicas

CDMX. 5/sep/17.- Al menos 11 instancias del gobierno federal dieron contratos ilegales por casi 8 mil millones de pesos, en complicidad con ocho universidades públicas, en un entramado de corrupción revelado ayer por el portal Animal Político.

Entre 2013 y 2014, el Gobierno de México desvió 192 millones de dólares a empresas fantasma, compañías que no existen, que carecen de actividad. Así se desprende de una investigación del diario digital Animal Político y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El dinero salió de diferentes organismos públicos como la Secretaria de Desarrollo Social, el FOVISSSTE -uno de los dos seguros sociales mexicanos-, el Registro Agrario Nacional, el Banco Nacional de Obras o Pemex. En total, 11 instituciones. El dinero desapareció, se esfumó de la faz de la tierra.

La Auditoría Superior de la Federación ya había advertido, desde 2013, que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas.

Incluso, la ASF ha presentado 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de recursos públicos. Y, sin embargo, el gobierno federal ha seguido utilizando el mismo esquema.

La investigación de Animal Político consistió en revisar las empresas a las que se les entregaron los recursos públicos y confirmó que son empresas fantasma, sin registro ante la Secretaría de Economía e ilegales.

El resultado: 3 mil 433 millones de pesos se desviaron a empresas fantasma, que no hicieron el trabajo para el que fueron contratadas. Mil millones más que se entregaron como comisión a las universidades solo por triangular los recursos y el resto del dinero sirvió para contratar servicios a precios inflados.

El esquema de desvío fue transversal al Gobierno de Peña Nieto y afecta, sobre todo, a la Secretaría de Desarrollo Social, entonces en manos de Rosario Robles y a Pemex, en los años de Emilio Lozoya y Juan José Suárez. También afectó al Banco Nacional de Obras, cuando estaba en manos de Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México. Son, en total, 11 organismos públicos.

El auditor, al conocer esta investigación y los perfiles de las empresas que recibieron los contratos, dice que todo tiene “las características de un fraude”.

“Ese es un modus operandi. Empresas que se prestaron igual para recibir parte del dinero y facturar; emitir los recibos correspondientes y ya. Pero sin evidencia de que tuvieran el conocimiento ni la experiencia para llevar a cabo servicios”.

“Es una simulación de servicios muy burda no solo para el desvío de dinero, sino para la desaparición de recursos públicos”.

Juan Manuel Portal es enfático: “hay que sancionar”. Ese debería ser el primer paso tras revelar este fraude.