En manos de quién está la elección judicial

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, está envuelta en un nuevo escándalo, por un presunto negocio con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que se suma a las acusaciones de nepotismo, por la cauda de familiares colocados en puestos del gobierno local.

En 15 julio de 2022, el instituto sonorense de transparencia, encabezado por ella, firmó un contrato anual por un millón 231 mil pesos con Inmobiliaria Alta Sierra, una empresa en la que son accionistas la esposa y dos hijos del gobernador, sin que el Congreso local haya objetado nada.

Según investigación de Latinus, el contrato fue para cambiar las oficinas del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales al primer piso del edificio ubicado en el bulevar Luis Encinas 258, inmueble propiedad de Inmobiliaria Alta Sierra.

Dicha empresa ha tenido, al menos, nueve bienes en México y Estados Unidos,  como lo reveló Latinus en un reportaje publicado en 2021.

En 2023 se convirtió en presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) con el apoyo de Morena, también avaló que participara como intermediaria la empresa Potenciadora Patrimonial de México, propiedad de Fernando Rojo de la Vega, actual secretario de Bienestar en Sonora y amigo de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador que benefició a la empresa china Mainland Headwear.

Los vínculos entre la presidenta del INE y Durazo son cada vez más evidentes. En enero, Rogelio Piñeda, hijo de Taddei fue nombrado titular de la Consejería Jurídica de Sonora. Otros muchos familiares de ella