Escándalo en Santa Martha Acatitla: PAN exige investigar 6 muertes de mujeres en 3 meses

Olivia Garza de los Santos, diputada del PAN en CDMX, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para esclarecer la muerte de seis mujeres en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Los fallecimientos se registraron en un periodo de apenas tres meses, específicamente entre el 12 de marzo y el 12 de junio de 2026.

Indicó que las mujeres fallecidas son identificadas como Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura. La legisladora calificó como inaceptable que estas muertes se pretendan ver como una estadística más y criticó que el centro penitenciario continúe operando sin ofrecer explicaciones claras sobre esta cadena de decesos en un espacio bajo control absoluto del Estado.

Uno de los casos que mayor atención genera es el de Diana Laura, quien estaba a escasos días de recuperar su libertad cuando fue hallada sin vida en la zona conocida como el Módulo.

Aunque las autoridades penitenciarias reportaron el hecho como un suicidio, la denuncia exige una investigación profunda para descartar negligencias, omisiones o responsabilidades institucionales.

SEÑALAMIENTOS DE CORRUPCIÓN Y EXTORSIÓN

Además de los decesos, la denuncia solicita investigar presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad atribuidos a Jessica López Avilés, conocida como “La Comandante Avilés”, quien funge como Comandante de Seguridad en el penal.

De acuerdo con los testimonios presentados, existen acusaciones sobre una red de cobros ilegales que incluyen:

•    Pagos de entre mil y tres mil pesos semanales para evitar traslados a zonas de mayor riesgo.

•    Cuotas de entre 80 y 100 pesos para permitir el ingreso de visitas de familiares y amistades.

•    Pagos relacionados con la venta de productos al interior del centro.

EXIGENCIA DE JUSTICIA

Olivia Garza de los Santos enfatizó que “la puerta de una celda no cancela los derechos humanos” y recordó que el Estado tiene la obligación absoluta de salvaguardar la integridad de las personas bajo su custodia.

La petición a la Fiscalía es determinar si existieron fallas en los protocolos de supervisión, atención médica o vigilancia que permitieron estos fallecimientos y esquemas de extorsión.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial detallado por parte de las autoridades del sistema penitenciario capitalino respecto a estas graves acusaciones.