Estados y Municipios fabrican impuestos lesivos al transporte; algunos operan como cárteles

La autonomía y la soberanía de estados municipios del país no puede utilizarse como bandera recaudatoria, afirmó el sector de autotransporte de carga a nivel nacional

Los transportistas denunciaron también la sobrerregulación a la que son sometidos, principalmente en Nuevo León y Tamaulipas.

Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), dijo que la sobrerregulación existente en el sector tiene un fin recaudatorio, ya que “algunos alcaldes operan como cárteles. Pues, ¿de qué otra forma se le llama a un grupo de alcaldes que se ponen de acuerdo para remitir cada uno de ellos reglamentos en cada municipio con un determinado cobro?

“De continuar los municipios cobrando por permisos para poder transitar por caminos primarios, secundarios, troncales, a determinadas horas con supuestos argumentos sociales que no se ven reflejados en acciones que beneficien a sus poblaciones, será precisamente el consumidor final quien terminará pagando los sobrecostos por estos cobros o hasta por el desabasto que pudiera originarse de algún producto de primera necesidad o hasta de los mismos combustibles, como ya estuvo a punto de pasar en Ciudad Madero, Tamaulipas”.

En este sentido, en el foro Sobrerregulación en el autotransporte de carga y su impacto económico, que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), se acusó que hay “alcaldes que actúan como verdaderos cárteles”.

“Los transportistas ya no sólo deben pagar derecho de piso a los llamados ‘cárteles malos’, sino también a las autoridades que operan como tales”, dijo y aseveró que en algunos casos, un permiso representa el valor de un camión de carga, de más de un millón de pesos.

Miguel Elizalde, presidente de la Comisión de Transportes de la Concamin, indicó que en al menos 21 estados del país se solicitan permisos y en 17 de ellos tienen un costo.

El presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Alex Theissen Long, advirtió que las actividades se frenarán a consecuencia de estos cobros excesivos que impiden operar a los transportistas, por lo que habría un aumento de precios en productos básicos como la tortilla.

Por su parte, el integrante de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandro Faya Rodríguez, comentó que esta instancia identificó en la normativa del transporte de las entidades federativas obstáculos regulatorios  que deben ser eliminados para favorecer entornos realmente competidos.

No obstante sus observaciones, señaló que la Cofece no puede hacer nada frente a acciones legislativas y administrativas de gobiernos estatales y municipales, por lo que solamente los legisladores locales podrían hacer cambios en estas disposiciones, es más una voluntad política.

Se ejemplificó que por esta sobrerregulación en el sector autotransporte federal, los transportistas que operan en la zona metropolitana de Monterrey podrían pagar hasta dos mil 600 millones de pesos anuales, que es sólo por un permiso único para circular en uno de los 10 municipios que buscan cobrar permisos para que los camiones de carga puedan operar.

Según un estudio, se calculó que en dicha zona circulan al año fletes por un valor de 17 mil 800 millones de pesos, con lo que a partir de esto se calculó la pérdida que implicaría pagar por permisos que a su vez conllevan una sobrerregulación y, en consecuencia, una afectación para los camiones que circulan en la zona.

Ernesto Estrada, economista en jefe en Agon, señalo que la sobrerregulación en la zona metropolitana de Monterrey provocaría la necesidad de usar vehículos de menor capacidad y, en consecuencia, mayor tráfico vehicular, así como la concentración de movilización de carga en ciertos horarios, por mencionar algunos efectos.

Olimpia Hernández, directora jurídica de la Canacar, aseveró que la sobrerregulación desalienta los traslados de la carga y es un obstáculo para emprender y competir.

Y el cobro de permisos para transitar no es una práctica correcta, “pues los operadores ya cuentan con un permiso federal otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”,

Por ello, aseveró que hay un entendimiento erróneo del Artículo 115 constitucional, pues los municipios tienen facultad para regular en materia de tránsito, pero no pueden exigir a los concesionarios un permiso local de ruta para operar dentro de un estado.