Exige IP a Congreso de la Unión y diputados locales aprobar ya Sistema Anticorrupción

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), retó al Congreso de la Unión y a los Congresos locales para que el 18 de julio esté listo y en operaciones el Sistema Nacional Anticorrupción completo, como quedó establecido en los transitorios de la Ley.

Y, al mismo tiempo, se tiene el reto de que se avance en su aprobación en los estados para garantizar su plena operación, afirmó el presidente del sindicato patronal, Gustavo de Hoyos Walther.

De ahí que, dijo, se requiere que los Sistemas Locales Anticorrupción se consoliden en nuestro país para tener elementos suficientes y así fortalecer a las instituciones para blindar la competitividad y el desarrollo de México.

Por ello, convocó a los Congresos locales del país a aprobar las reformas que permitan la operación de un sistema que pueda verdaderamente enfrentar y acabar con actos de corrupción.

Señaló que los sistemas locales deberán contar con órganos equivalentes a los del Sistema Anticorrupción federal, con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

El dirigente patronal recordó que en diversos estudios sobre los problemas que más preocupan a los mexicanos se observa que la corrupción es una de las más importantes inquietudes para la ciudadanía.

Simplemente, “la corrupción es la mayor limitante de la competitividad en México, en pagos indebidos y corrupción el país se ubica en el sitio 103 de los 138 países evaluados, en tanto que en costo del crimen y violencia estamos en los últimos lugares, en el 130”.

De Hoyos Walther agregó que el sindicato patronal ha participado en reformas constitucionales clave para el país, como la que el año pasado conformó el Sistema Nacional Anticorrupción, todo ello con el trabajo decidido de los más de 36 mil socios de la Coparmex.

Destacó además que es necesaria la aprobación de la Ley General de Archivos, indispensable para asegurar el resguardo eficaz de la información, necesaria para construir un sistema robusto de transparencia y anticorrupción.