Finalmente, Senado aprueba Ley Antimemes; Morena jura: no habrá censura
El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial relacionada con el uso de imágenes, símbolos, dominios y documentos oficiales en el entorno digital.
La oposición reiteró que estas reformas tendrán un impacto en contenidos como memes, parodias, caricaturas y críticas políticas que podrían implicar, efectivamente, un ejercicio de censura.
El presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, afirmó que las reformas no incluyen ningún elemento de censura ni atentan contra la libertad de expresión. Sin embargo, PAN, PRI y MC la llamaron “Ley Antimemes” y la rechazaron.
Higinio Martínez aseguró que con ningún artículo de este dictamen se puede censurar la “sátira”, por lo que continuará la difusión de este tipo de expresiones en México. El dictamen fue avalado con 72 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones.
Hoy se pueden realizar “cientos de memes, se dan a lo largo y ancho de este país, y van a seguir existiendo, porque hay libertad de expresión”, enfatizó Martínez Miranda.
Sin embargo, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez, dijo que contiene conceptos “genéricos, vagos e imprecisos” que dejan la puerta abierta para sancionar con cárcel y multa a quienes sean críticos del poder.
La iniciativa presidencial que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece sanciones penales frente a conductas como la piratería y la falsificación de marcas, pero también incorpora un nuevo tipo penal muy ambiguo para castigar el uso indebido de la identidad gráfica institucional y de documentos de carácter oficial, para inducir a error o engaño, indicó.
El artículo 403 bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial sanciona con cinco años de prisión y multa de más de un millón de pesos “a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore la identidad gráfica institucional”, con lo cual se deja a la interpretación del Estado la posibilidad de sancionar a críticos del poder.
Se incorpora este tipo de medidas como una forma de censura, con la justificación de armonizar la legislación con los compromisos internacionales en materia de propiedad intelectual suscritos por nuestro país en el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y otros con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
Aseguró que, si bien el artículo 403 bis no sanciona específicamente el meme, la sátira y la parodia política o la caricatura, sí da posibilidades al gobierno para que castigue a todos aquellos que utilizando el humor hagan críticas al poder.
De igual forma, subrayó que la iniciativa presidencial en el artículo 429 del Código Penal Federal establecía expresamente que los delitos en materia de propiedad intelectual se consideran cometidos en forma dolosa, disposición que, dijo, viola el principio de presunción de inocencia.
La reforma también contempla sanciones contra la reproducción, distribución, venta y explotación no autorizada de obras, así como contra la elusión de medidas tecnológicas de protección.
Uno de los nuevos delitos establece penas de cuatro a 10 años de prisión y de dos mil a 20 mil días multa para quien, sin autorización, divulgue, publique, comunique o distribuya obras, fonogramas, videogramas o libros antes de su lanzamiento oficial o primera puesta a disposición autorizada en México.
Sin embargo, la polémica fue por la adición el artículo 403 Bis para sancionar la utilización, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos de carácter oficial pertenecientes a instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.
La conducta sería considerada delito cuando esos elementos se utilicen para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito, particularmente cuando se pretenda hacer pasar como oficial una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública.