GRUPO HIGA DETRÁS DEL DESPOJO DE TIERRAS EN MÉXICO

SIC Media.-  El proyecto de Autopista Naucalpan–Aeropuerto de Toluca, también llamada Interlomas-Aeropuerto, pretende destruir más de tres mil hectáreas de bosque para el paso de un proyecto carretero privado, que plantea conectar una de las zonas de lujo, Santa Fe, con el aeropuerto de Toluca.

El 14 de abril de 2014, la comunidad otomí San Francisco Xochicuautla, de Lerma, Estado de México, amaneció cercada por la policía porque el gobierno de Eruviel Ávila llevó acarreados para influir en una consulta sobre la realización de la autopista Toluca-Naucalpan, que la población rechaza por considerarla un ecocidio contra el Parque Otomí-Mexica.

Se trata de un territorio del pueblo ñätho-otomí, donde todavía existe uno de los últimos bosques del Altiplano Central mexicano que permite proveer de agua al pozo Tlaloc-1, que alimenta de agua a la ciudad de México.

Es una carretera de pago Toluca-Lerma, de 40 kilómetros, prometida por el presidente Enrique Peña Nieto en sus tiempos de gobernador. Día con día los invasores se encuentran con la respuesta organizada de los pobladores, que impiden violar su territorio.

 La megaobra afectará una porción de 22 kilómetros de bosque por más de 100 metros de ancho, que para la empresa y el gobierno no representa nada, pero para los comuneros indígenas ñätho son tierras en las que realizan la recolección de alimentos y leña y el peregrinaje a sus lugares sagrados.

Es su territorio, santuario del agua de la subcuenca del río San Lorenzo, y por eso lo defienden con el cuerpo, a pesar de la represión de la que son víctimas, que incluyó el encarcelamiento reciente de ocho de sus compañeros.

Todo esto puede terminar por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, a lo que los pueblos se oponen.

El rotativo estadounidense New York Times reveló en su edición de este jueves los presuntos vínculos entre el presidente de México, Enrique Peña Nieto, con el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario y dueño de Grupo Higa.

El reportaje titulado “Los vínculos del Presidente mexicano con un contratista plantean preguntas”, y firmado por los periodistas Paulina Villegas y Frances Robles, tiene como punto de partida la historias de un presunto habitante de San Francisco Xochicautla, quien lucha en vano para evitar que una autopista atraviese el patio trasero de su casa.

Dicha autopista, cuyo costo original de 132 millones de dólares, cita el rotativo, pasó a un total de 207, así como el acuerdo de 74 millones de dólares para renovar el hangar presidencial.

Villegas y Robles dan cuenta del decreto presidencial que el pasado 9 de julio firmó el titular del Ejecutivo federal para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, para la construcción de una autopista privada que realizará la subsidiaria de Grupo Higa, Constructora Teya.

Otro espacio de resistencia es el ejido El Carrizalillo, en el estado de Guerrero, que enfoca sus esfuerzos en conseguir mejores precios por el arrendamiento de sus tierras a la minera GoldCorp; un tercero es el pueblo Cucapá en el norte del país que reclama su derecho a la pesca, vedado por el gobierno federal; y un último el pueblo rarámuri, en el estado de Chihuahua, librando importantes batallas en defensa del territorio y los recursos naturales. Estas luchas demuestran que contrariamente al discurso oficial, entre los pueblos campesinos e indígenas de México el grito de tierra y libertad, que distinguió a los zapatistas a principios del siglo XX, sigue resonando en los valles y montañas mexicanos. Redimensionado y todo, para ellos sigue siendo vigente.