Guadalupe Taddei en el ojo de un mega peculado

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, se encuentra en el ojo de acusaciones de un mega peculado, luego de que al menos cuatro de sus subalternos son mencionados en la contratación de una empresa proveedora de ese organismo.

Se trata de su chofer; el exdirector de Administración del INE-; la expresidenta del instituto electoral de Chihuahua; la exSecretaria Ejecutiva del Instituto en Oaxaca y el director de Administración del INE, revela información difundida este lunes 19 de octubre por el diario REFORMA.

El exconsejero del INE, Mauricio Merino, advirtió que “el crimen organizado ha entrado de lleno a la contienda por el poder”, sostuvo durante la inauguración del XV Seminario de la Red por la Rendición de Cuentas, titulado “Las amenazas de la corrupción en el proceso electoral”.

Actual director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, dijo que la intervención del crimen organizado, el peso del dinero en las campañas y el uso de los cargos públicos como botín amenazan la legitimidad del proceso electoral en México

Jonathan Navarrete Torres, adscrito oficialmente como chofer de Taddei, aparece desde 2023 como “apoderado” de Corporativo Zeg, una empresa proveedora del organismo, indagada por irregularidades en sus contratos. Junto con Cajas Graf, dominan el mercado de materiales electorales.

Esas empresas también tuvieron como representante legal en el 2023 a Jesús Octavio García González, quien bajo la presidencia de Taddei se desempeñó, hasta abril pasado, como director de Administración del INE, a pesar del obvio conflicto de interés.

Navarrete Torres posee desde el 28 de junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas de parte de Corporativo Zeg, empresa que fue investigada por la UIF por presuntos vínculos con el crimen organizado y a la que junto con otra empresa asociada, Cajas Graf, se le congelaron sus cuentas.

También la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las ha indagado por prácticas ilícitas. Y la Cofece les abrió en mayo de 2024 un expediente por prácticas monopólicas. Zeg y Cajas Graf, tienen a los mismos dueños los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández.

Ellos han obtenido contratos con Taddei desde 2021 cuando ella era titular del Instituto electoral en Sonora. En Oaxaca, Iliana Araceli Hernández Gómez, en su calidad de secretaria ejecutiva del instituto electoral local dio un contrato por 32 millones de pesos a Zeg.

Hernández Gómez fue nombrada por Taddei como titular de la Unidad de Género del INE. En Chihuahua, Claudia Arlett Espino, entonces presidenta del Instituto Electoral local, asignó en 2021 un contrato por 33.9 millones de pesos a Cajas Graf. Tres años después Espino se convirtió en Secretaria Ejecutiva del INE

Ambas firmas, Zeg y Cajas Graf, aparecieron en el Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio del 2023, dos meses después de que Taddei asumió como presidenta.

De acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, el 28 de junio del 2023, en el acta 64225000P0, uno de los representantes de Zeg, Rodolfo Higareda Coen, entregó a Jonathan Navarrete Torres “un poder general para pleitos y cobranzas”.

Con ello tenía facultades para ejercer toda clase de derechos y acciones ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, dirigencias civiles, judiciales o administrativas, demandas, amparos, pujas y mejoras para el Corporativo.

La cercanía de Taddei con dichas empresas llegó al punto de contratar a Jonathan como su chofer, a partir del 15 de abril del 2025, según registros oficiales. Conforme su declaración patrimonial del 30 de junio del 2026, Navarrete percibe un sueldo de 45 mil 765 pesos mensuales.

En su Declaración, Navarrete omitió informar que era apoderado para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, y sólo reportó que su trabajo anterior había sido en Mercedes Benz, también como chofer.

Mientras tanto, Mauricio Merino advirtió que “la corrupción está amenazando en serio la legitimidad del proceso electoral que ya ha comenzado”. El dinero se ha convertido en un actor central de las campañas y de la vida de los partidos políticos. Los puestos públicos quedan sujetos a intereses electorales.

Los cargos suelen convertirse en “botín político” y, con frecuencia, en “un descarado intercambio entre puestos y presupuestos para ganar votos”. Esto se debe, dijo, al deterioro de los mecanismos de rendición de cuentas construidos durante los últimos años.

Cuestionó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que sus funciones quedaran en manos de los propios gobiernos y sus contralorías.

Recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador desacreditó a esas instituciones con el argumento de que eran costosas, no servían y habían surgido durante el periodo neoliberal.

Merino rechazó esas justificaciones y señaló que, pese a las promesas de fortalecer la transparencia, se desmontaron controles sobre la autoridad. También denunció el abandono del Sistema Nacional Anticorrupción: “No se reúnen, no cubren vacantes, no se ponen de acuerdo”.

Sobre el acceso a la información, advirtió que persisten deficiencias en los archivos públicos y restricciones para conocer decisiones gubernamentales, particularmente las relacionadas con las Fuerzas Armadas. “No puede haber acceso a la información si no hay información”, expresó.