Inicia gira de legisladores mexicanos para abordar política de control migratorio en EEUU

La Embajada de México en Estados Unidos informa que la tarde de este lunes, el Subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel Sada, el Embajador Gerónimo Gutiérrez, y la delegación de legisladores mexicanos que realizan una gira por esta ciudad participaron en una sesión informativa con expertos del Migration Policy Institute. 

Esta reunión forma parte de una agenda de trabajo de dos días que tiene como objetivo analizar el contexto y los impactos de las políticas de control migratorio implementadas recientemente por el gobierno de Estados Unidos, así como transmitir la posición de México respecto a la separación y detención de familias de migrantes indocumentados.  

El día de mañana, la delegación de legisladores mexicanos sostendrá un desayuno de trabajo encabezado por el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y posteriormente se reunirán con diversos congresistas estadounidenses, entre ellos, los senadores Bob Corker (R-TN), presidente del Comité de Relaciones Exteriores y Ron Johnson (R-WI), presidente del Comité de Seguridad Interna; así como con los representantes Michelle Lujan Grisham (D-NM), presidenta del Caucus Hispano; Paul Cook (R-CA), presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental y Will Hurd (R-TX), patrocinador de la iniciativa bipartidista U.S. Act que propone una solución legislativa para los Dreamers.  

Asimismo, los legisladores mexicanos y el Secretario Videgaray se reunirán con Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

La delegación de legisladores mexicanos está encabezada por el presidente del Senado de la República, Ernesto  Cordero Arroyo (PAN), e integrada por los senadores Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), Luis Humberto Fernández Fuentes (PT), Angélica de la Peña Gómez (PRD), y Jesús Casillas Romero (PRI), así como por los diputados Víctor Manuel Giorgana Jiménez (PRI), Sofía González Torres (PVEM), Juan Alberto Blanco Zaldívar (PAN), Macedonio Támez Guajardo (MC), Josefina González Luna (NA), y Abel Cruz Hernández (PES).

Mientras tanto, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB) del Senado de la República lleva a cabo una revisión general del corpus del derecho internacional para identificar cuáles son las provisiones relacionadas y aplicables a la separación forzada de familias, independientemente del contexto en el cual ésta se lleve a cabo.

En el análisis se incluye una lista de diversos instrumentos internacionales, todos relacionados con el derecho internacional de los derechos humanos, que contienen disposiciones relacionadas, directa o indirectamente, con la familia y los derechos de sus miembros. Algunos de los instrumentos incluidos en esta lista son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre el Estado de los Refugiados, y la Convención de los Derechos del Niño.

La investigación reconoce, por otro lado, que “hay en el derecho internacional de los derechos humanos algunas disposiciones que, a pesar de no referirse a la familia o a sus miembros, bien pueden ser aplicables, con una determinada interpretación, para prevenir el fenómeno de la separación”. En esta categoría se incluyen instrumentos como la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. 

La Nota Informativa señala que “el caso más extremo de instrumentos internacionales aplicables en casos de separación forzada de familias serían aquellos vinculados con el crimen de genocidio”. Y es que, hay actos constitutivos de este crimen, tales como “infligir deliberamente condiciones de vida sobre un grupo con la intención de provocar su destrucción física […] y transferir de manera forzada niños de un grupo hacia otro” que pueden resultar de la separación forzada de familias.

A partir de la revisión del derecho internacional, los investigadores del CEIGB revisan la implementación de la política migratoria estadounidense durante las últimas décadas, señalando que la separación forzada de familias no es un fenómeno nuevo, sino que comenzó a registrarse en números importantes a partir de la segunda mitad de la década de los noventa. 

Y es que, “considerando que una amplia mayoría de inmigrantes no autorizados [en Estados Unidos] tiene familiares con estatus de residente permanente o incluso ciudadanos estadounidenses” cualquier legislación que facilite la deportación propiciará de alguna u otra manera algún tipo de separación forzada.