Lozoya pagó costosa libertad, arropado por élite empresarial

La familia Lozoya pagó 5 millones de dólares a la justicia mexicana, como garantía para la extradición del ex director de Pemex a México bajo la figura de “testigo protegido”, pese a haber recibido sobornos por 15 millones de dólares.

La fiscalía mexicana, encabezada por Alejandro Gertz Manero, prometió además que Emilio Lozoya “nunca sería fichado ni mostrado a la prensa o expuesto en su imagen personal”, según revela en su columna Salvador García Soto.

En este acuerdo, revelado en EL UNIVERSAL bajo la columna Serpientes y Escaleras, se establece que la fiscalía además no le fincará ni imputará nuevos delitos al acusado.

Todo esto trascendió, a raíz de las fotos publicadas en las redes sociales por la periodista Lourdes Mendoza, donde se observa al exfuncionario en un lujoso restaurante, acompañado por miembros de una poderosa familia.

Se trata de Doris Beckmann, hija de Juan Francisco Beckmann Vidal, considerado la quinta persona más acaudalada de México, solo por detrás de Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Alberto Bailléres.

Se estima que la fortuna de Beckmann Vidal ascienda a los USD 7,180 millones. El empresario es Presidente del Consejo de Grupo José Cuervo, que a su vez, es parte del corporativo Becle, una empresa de bebidas de renombre internacional.

Pero la aparición de Emilio Lozoya se da también en medio de un nuevo escándalo, sobre presuntas transacciones irregulares del gobierno de Peña Nieto con empresas mineras y con la concesionaria de litio más grande del mundo.

Lozoya habría aportado una serie de documentos sobre falsos proyectos mineros, con los que presuntamente se encubrieron pagos ilegales para financiar la campaña electoral de Enrique Peña Nieto.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló este lunes presuntas transacciones irregulares de Emilio Lozoya, con empresas mineras y compañías “fachada” en Hong Kong, México y Sudamérica.

Igualmente urdió falsos proyectos mineros en Bolivia, Colombia y Argentina, y habría recibido sobornos de un directivo de la compañía con el mayor yacimiento de litio en el mundo: Bacanora Lithium.

En los documentos que figuran en el expediente de la FGR sobre el caso Odebrecht, MCCI encontró una transferencia realizada el 13 de noviembre de 2012 de la cuenta de Tochos Holding, en el banco UBS de Suiza.

La transferencia es a favor de la empresa mexicana Plan B Asesoría y Estrategia, cuyo fundador y director corporativo es Andrés Constantin Antonius González, actual integrante del cuerpo directivo de Bacanora Lithium.

Al momento de realizarse esa transferencia, Antonius González era integrante del equipo de transición de Enrique Peña Nieto, cuyo gobierno asignó seis concesiones de explotación de litio a Bacanora entre 2014 y 2015.

La transferencia de Tochos a Plan B fue por USD 39,000 por un supuesto “asesoramiento para la compra de inmuebles”.

Por otra parte, según Lozoya, parte de los sobornos que recibió, se destinaron para pagar los servicios de 10 asesores electorales, mediante la simulación de proyectos de extracción de oro, hierro y carbón en Bolivia, Colombia y Argentina.

Mauricio Sánchez, asesor electoral, firmó una carta en la que justificó el cobro de USD 1 millón a cambio de “servicios relacionados con la búsqueda y adquisición de recursos minerales en Argentina”.

Asimismo, el 13 de junio de 2012, recibió una transferencia de 380,000 euros en una cuenta a su nombre en el Deutsche Bank, de Frankfurt, Alemania, por el concepto de “Servicios de abastecimiento de minerales Argentina”.

Dirk Zavala Rubarth, otro asesor electoral señalado por Lozoya, emitió una factura en abril de 2012 bajo la fachada de concepto “Servicios de consultoría y marketing para Proyecto Oro en Colombia”.

Con información de INFOBAE