México, desmantelado en salud y protección social: PNUD

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acaba de dar a conocer el reporte sobre “Desarrollo Humano y Covid-19 en México” que indica: El país atraviesa por un problema de desabasto de medicamentos que obedece a los cambios en las reglas de las licitaciones de medicamentos, particularmente las ocurridas entre 2019 y 2020.

 

Menciona asimismo el desmantelamiento del sistema de protección social que manejaba el Seguro Popular y la sustitución por el INSABI, que ha generado confusiones en su operación incluida la compra de medicamentos e insumos para la salud.

 

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) confirmó que, pese a la contingencia, en este año tan sólo el IMSS gastó 13 mil millones de pesos menos que en el mismo periodo de 2019 y señala que no ha sido posible identificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de transparencia por el modelo de asignaciones directas.

 

Cuando el sector salud padece una de sus peores crisis por incapacidad e ineficiencia de sus funcionarios, la cual se traduce en un criminal desabasto de medicamentos, en la pésima estrategia para enfrentar el coronavirus y un Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que funciona aún sin reglas de operación, el gobierno ha creado ahora una paraestatal para la distribución de medicamentos que, ante lo especializado de la actividad, carece de la capacidad de respuesta que reclama el país ante la emergencia.

 

Así lo afirmó el coordinador de los diputados Federales del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks quien precisó que, en la práctica, estamos ante la primera estatización del sexenio de un sector productivo, como es la distribución de medicinas.

 

El legislador detalló que la problemática que vive la salud en el país es en extremo complicada, toda vez que aún antes de la pandemia del Covid-19, la falta de planeación, capacidad y profesionalismo en el sector oficial de salud ya nos tenía sin los medicamentos para atender el VIH, el cáncer, las llamadas enfermedades raras, los antihipertensitivos, anticoagulantes, equipos de protección personal, entre otros.

 

Por lo mismo, la posición adoptada por los diputados de Acción Nacional en el periodo extraordinario no fue producto del capricho, compromisos con las empresas del ramo o una actitud de rechazo automático a todo lo que proponga Morena, sino de la preocupación por la salud de los mexicanos.

 

Ratificó los argumentos presentados el miércoles para el voto negativo a modificar el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, respecto a que la nueva apertura no resolverá el criminal desabasto de medicamentos de calidad, con oportunidad, transparencia y sin corrupción que padece el país, así como el abatimiento de precios o la entrega oportuna y eficaz de los mismos.

 

Además de no satisfacer el abasto de calidad que requiere el país, abrir la puerta a las importaciones de medicamentos, abre también la puerta a la opacidad de las compras y la corrupción, además de que se dejará en la calle a cientos de miles de trabajadores de la industria farmacéutica y de distribución.

 

Por cuanto, a la nueva empresa distribuidora, ésta se encargará de movilizar los medicamentos hacia el sector público (IMSS, ISSSTE, SEDENA, Pemex, etcétera) con lo que desplaza a la media decena de compañías que han sido acusadas de monopolizar y corromper el manejo de medicamentos

 

Romero Hicks detalló que la única explicación aparente para las medidas adoptadas por la actual administración es la falta de confianza en el sector privado y el ánimo de estatizar sectores, además de salir al rescate de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que desde el pasado 7 de julio enfrenta la salida de los Estados Unidos de la institución. Hablamos del principal aportante con cuotas de 400 millones de dólares anuales, el 15 por ciento del presupuesto de la organización.

 

Si el funcionamiento de las paraestatales siempre ha sido problemático, desplazar a empresas en el campo de la medicina y frente a la emergencia mundial del coronavirus, esta virtual estatización resulta irresponsable.

 

Sobre todo, cuando existe un ejército de médicos, enfermeras y personal de salud que arriesgan su vida todos los días y a lo largo de todo el país para atender a los enfermos de Covid-19 y cuando hay miles de familias que desafortunadamente han perdido un ser querido víctima de la pandemia.

 

Ha quedado demostrado hasta el cansancio que tratar de solucionar problemas a través de paraestatales no únicamente no es la solución, sino que implica un altísimo costo para la población.

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