Plantean condenar uso electoral de Programas Sociales

Los senadores Luis Donaldo Colosio Riojas y Clemente Castañeda, junto con Luis Armando Melgar Bravo, presentaron una iniciativa en el Senado de la República para condenar el uso electorero de los programas sociales y pensiones del Bienestar.

Se trata, dijeron, de evitar que estos apoyos sean utilizados para condicionar la entrega de recursos a cambio del voto durante los procesos electorales. La propuesta plantea reformas al marco penal y electoral. Colosio sostuvo que recibir un programa social no debe generar una deuda política con el gobierno o partido.

Aclaró que los apoyos deben continuar y contribuir al bienestar de las personas, pero no convertirse en una herramienta de control político.

Colosio Riojas señaló que las personas que reciben apoyos sociales no deben ser utilizadas únicamente como cifras en los informes gubernamentales. El bienestar social debe estar relacionado con la generación de oportunidades y con la posibilidad de que las personas alcancen mejores condiciones de vida, más allá de las transferencias económicas que reciben periódicamente.

En ese sentido, planteó que los resultados de las políticas públicas también deberían medirse por las personas que logran avanzar mediante la educación y otras oportunidades de desarrollo. “Que se mida por la gente que se gradúa, no por la que se acumula.”

Colosio Riojas cuestionó además que los programas sociales puedan convertirse en una especie de recordatorio sobre quién proporciona el apoyo y a quién debe agradecer el beneficiario.

El proyecto busca establecer un mayor blindaje para los derechos sociales a través de tres objetivos principales:

• Sanciones penales agravadas para servidores públicos u operadores que amenacen con retirar beneficios sociales por razones de simpatía o preferencia política.
• Mayor fiscalización de los padrones de beneficiarios para prevenir posibles desvíos, manipulaciones o usos electorales de los programas sociales.
• Garantizar el derecho constitucional a recibir apoyos sociales sin presiones partidistas, amenazas o condicionamientos relacionados con el voto.

La iniciativa plantea así que los programas sociales sean reconocidos como un derecho y no como una herramienta para generar compromisos electorales entre los ciudadanos y quienes ejercen el poder.