Prepara 4T cerco policiaco sobre la telefonía celular

Paralelamente a la reciente aprobación de un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil (celulares), el régimen de la 4T prepara todo un cerco policiaco para la geolocalización de celulares y el análisis de datos masivos en México.

La actual Fiscalía General de la República (FGR) compró en 2019 y 2020 programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos, reveló ayer el diario El País, de España.

La COPARMEX, el Instituto Naconal de Acceso a la Información (INAI) y otros organismos colegiados de juristas y abogados, advirtieron ya que la aprobación de esta iniciativa, viola principios constitucionales básicos y pone en riesgo latente la protección de datos personales

Sin embargo, el riesgo va más allá, porque se podría instaurar en México todo un sistema de vigilancia y persecución extrajudicial, vía datos biométricos que ahora pretende el gobierno federal recolectar a través de las empresas del ramo de la telefonía móvil.

La investigación de El País revela que la FGR firmó al menos cuatro contratos por 5,6 millones de dólares con la compañía Neolinx de México. Esta firma ha fungido como intermediaria de la italiana Hacking Team.

Hacking Team, como su nombre lo indica, ha sido señalada por haber sido una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

De acuerdo con la información de El País firmada por Zorayda Gallegos, las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la Fiscalía.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que ha dado seguimiento a este tipo de contrataciones, considera que la operación de estos sistemas puede llegar a ser violatoria de derechos humanos.

En algunos casos constituye una vigilancia masiva que violenta los requisitos de necesidad, proporcionalidad y autorización judicial.

La Red para la Defensa de los Derechos Digitales R3D hizo un análisis de los datos divulgados tras la filtración y denunció que al menos 12 estados del país tuvieron relaciones comerciales con Hacking Team, a través de sus diversas intermediarias.

Según el análisis hecho por la R3D, en ese entonces Neolinx habría vendido sus productos a los gobiernos de Guerrero y del Estado de México, así como a la Policía Federal, PGR y Defensa Nacional, entre otras dependencias.

En abril de 2018 se habría firmado el último contrato con la Fiscalía antes del cambio de administración. Ahora se sabe que Neolinx ha seguido vendiendo sus insumos y servicios al gobierno actual, esta vez como intermediaria de la empresa israelí Rayzone Group.

EL País encontró en diversos informes del órgano interno de control de la FGR que el órgano autónomo al mando de Alejandro Gertz Manero ha celebrado al menos cuatro contratos para servicios de consulta y análisis de datos masivos, así como para localización geográfica.

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