Red de Funcionarios Panistas al servicio de Medina Peniche en la mira de la UIF

Por Claudio De la Llata.- Tras años de operar bajo la protección política de gobiernos panista, el empresario huachicolero Mario Medina Peniche enfrentará a la justicia cuatroteísta en Quintana Roo y Yucatán.

Un complejo entramado de tráfico de influencias, corrupción y operaciones ilícitas sale a la luz pública. Mario Medina Peniche, principal operador del Grupo MegaSur S.A. de C.V., ha sido señalado como el beneficiario no solo de millonarios contratos adjudicados utilizando empresas factureras satélite operadas por sus hijos, sino la venta clandestina de hidrocarburos en instalaciones carentes de permisos de PEMEX.

El empresario huachicolero, abrió diversas gasolinerías de manera ilícita para encubrir operaciones fraudulentas, ignorando y violentando la normatividad de seguridad y salubridad, por medio de moches millonarios a funcionarios claves panistas.

En el municipio de Solidaridad, en múltiples ocasiones la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), órgano dependiente de la Semarnat, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, han clausurado en cuatro ocasiones diversas estaciones de combustible por incumplimiento de la ley. En marzo del 2023, dos empresa denominadas Estación Servicio JP Segundo SA de CV y Servicio 3, SA de CV, fueron clausuradas debió a que iniciaron operaciones con solo acuerdos políticos y no cumpliendo lo que establece la normatividad estatal.

Adicionalmente, la empresa Servicios Jardines SA de CV fue clausurada en tres ocasiones, en febrero y octubre de 2023, por incumplimiento de reglamentación, sin embargo, estas acciones no detuvieron su operación gracias a las conexiones políticas que protegían la venta de huachicol en sus estaciones. La Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía, encabezada por Gabriel Eduardo Ronquillo Buendía, expidió una licencia adicional para construir en la modalidad de modificación con el fin de que la operación ilegal de la estación continúe, pero en esta ocasión, de nueva cuenta las autoridades procedieron a clausurar la misma el 14 de Agosto de 2024.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado un patrón de “focalización de recursos públicos” a cada una de las operaciones de Mario Medina Peniche. En particular, la empresa MegaServicios, SA de CV, junto con Emme Propiedades SA de CV y empresas filiales fantasmas son usadas para simular una competencia irreal en cada concurso que realizan, particularmente en el municipio de Solidaridad.

Fernando Gama Rodríguez, esposo de la presidenta municipal de Solidaridad, Roxana Lili Campos Miranda, ha sido señalado por presentar información falsa para obtener su cargo como ex-Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Es titular de la Notaría 103 en Quintana Roo, enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito y uso indebido de los sellos. Su cercanía con Medina Peniche ha sido clave para proteger los negocios ilegales del empresario.

La operación de la Red de funcionarios es instrumentada por Kira Iris San, titular de la Tesorería del Municipio de Solidaridad. La funcionaria ha facilitado la operación de Medina Peniche autorizando licencias de funcionamiento fuera de la ley. Junto con Geovanna de Jesús González Koyoc, la Directora de Ingresos de la Tesorería del Municipio. Su rol ha sido quirúrgico en la ejecución de acuerdos políticos que permitieron la operación ilegal de múltiples gasolineras del empresario.

Adicionalmente, Félix López Olalde, ex-Secretario Jurídico del Municipio de Solidaridad, en conjunto con el Director de Desarrollo Urbano y Fisonomía, han sido responsables de otorgar licencias parciales de manera ilegal a las gasolineras de Medina Peniche. Utilizaron su influencia para mantener las operaciones del empresario fuera del radar de las autoridades.

Otra pieza clave en la red de funcionarios implicados es el actual presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, Jesús Antonio Villalobos Carrillo, amigo personal y cómplice de Lili Campos, quien ha blindado legalmente el actuar de todos y cada uno de los funcionarios panistas que conforman la red, asegurando que cualquier juicio contra Medina Peniche y sus aliados se resuelva a su favor.

Con la llegada del nuevo gobierno municipal, EstefaníaMercado, tendrá la tarea de desarticula dicha rede de complicidad fabricadas con el amparo del poder, exclusivamente para Mario Medina Peniche y ponerle un fin al financiamiento ilegal de las campañas panistas.

Se desmorona la Protección Política de Medina Peniche

Durante la administración del exgobernador Mauricio Vila, quien ahora goza de fuero constitucional tras su llegada al Senado, Medina Peniche fue uno de los empresarios favoritos del primer círculo del gobernador panista. Las relaciones entre el empresario huachicolero y funcionarios calves en puestos políticos se vieron reflejadas en jugosos contratos como la asignación millonaria de vales de gasolina, gestionados por personajes clave como el exsecretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, quien actuó como protector de Medina Peniche durante todo el sexenio.

Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno cuatroteísta en Yucatán, encabezado por Joaquín Díaz Mena, esta red de complicidad no solo está bajo investigación, sino los vínculos que materializan el otorgamiento de licencias para la operación de estaciones de gasolina ilegales han sido plenamente identificados.

El triunfo del ahora Gobernador Electo, Joaquín Díaz sobre el panista Renán Barrera marca el fin de la protección política para Medina Peniche, quien ahora se enfrenta a las consecuencias de sus actos por sembrar y articular una compleja red conformado por exmagistrados, consejeros jurídicos y abogados que operan en gobiernos estatales y municipales.

Diversos medios de comunicación han documentado la corrupción detrás de Medina Peniche y sus familiares cercanos. Las investigaciones revelan la asignación en lo oscurito de seis contratos por 58 millones de pesos, a través de sus empresas factureras como Servicio 3, Estación de Servicios JP Segundo, Servicio Jardines y EMME Propiedades. El modus operandi consistía en utilizar tarjetas digitales para eludir la trazabilidad de los ingresos, evitando la responsabilidad de reportar la cantidad exacta de litros de combustible utilizados por flotillas de Gobierno Estatal en Yucatán y diversos municipios en Quintana Roo.

Mario Medina Peniche y sus empresas ligadas al tráficoilegal de hidrocarburo, marcan un capítulo oscuro en la lucha contra el huachicol enmascarado con la operación ilegal de estaciones de gasolina. Hoy, el empresario huachicolero enfrentará las consecuencias de sus acciones sin el manto protector de los políticos del PAN.