Renovará contratos millonarios Mancera a socios en aplicación de “fotomultas”

• Acusan negocio redondo de gobierno capitalino y Autotraffic con programa fallido

Por Guillermo Pimentel Balderas

Considerado como “un Show más de Miguel Ángel Mancera” el sistema de “fotomultas” debido a que no existe evidencia que demuestre que éstas han tenido un impacto sustancial en la seguridad vial metropolitana, a través de un Punto de Acuerdo el senador Mario Delgado Carrillo urgió al funcionario del Gobierno de la Ciudad de México a suspender la entrega de un nuevo contrato para la operación de este fallido sistema.

Delgado Carrillo advirtió que el sistema de fotomultas hasta ahora no ha actuado como un inhibidor de las infracciones de tránsito. Ya que, entre 2015 -inicio su operación- y el tercer trimestre de 2017 los ingresos por multas de tránsito crecieron 94% en términos nominales, lo que sugiere la falta de una política integral de seguridad vial, que provoque el cumpimiento del reglamento de tránsito.

Delgado precisó que en 2015, el Gobierno de la Ciudad de México, adjudicó dos contratos para la operación del sistema de fotomultas; un primer contrato para Autotraffic, que tenía proyectado imponer 150,000 infracciones mensuales, por las que recibiría $76,885,639.99 por año. Y un segundo contrato para Inteltráfic, que calculó imponer 360 mil multas mensuales que representarian anualmente $134,148,518.65 pesos.

“Ahora, que los contratos finalizaron y a pesar de que no existe evidencia que demuestre que las fotomultas han tenido un impacto sustancial en la seguridad vial de la Ciudad, el Gobierno capitalino busca de forma apresurada entregar un nuevo contrato a sus socios Inteltráfic y Autotraffic porque las fotomultas les han resultado un negocio redondo”, declaró.

Dijo que en su lugar –fotomultas- se deben analizar las alternativas para una política integral de seguridad vial que disminuya las infracciones al reglamento y los accidentes de tránsito.

Finalmente, el legislador de Morena, aseguró que se necesita trabajar en una política que realmente vele por el bienestar de la ciudadanía y que no se base en un contrato cuyo incentivo es que se comentan más infracciones para recibir mayores ingresos y comisiones a las empresas operadoras.