Segalmex, Conagua, Issste, viejos vicios de corrupción se repiten en la 4T

Los grandes hechos de corrupción ocurridos en Conasupo, ISSSTE y negocios de privatización en Conagua de los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, se repiten ahora en la 4T bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En el caso Conasupo hay un desvío por 12 mil millones de pesos. Ese es el monto de lo que se investiga en el organismo pomposamente denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que integra a Diconsa y Liconsa.

En el ISSSTE, una funcionaria promovida por el presidente López Obrador, permitió la defraudación por más de 13 millones de pesos, al contratar empresas fantasmas que además pusieron en riesgo archivos médicos de 13 millones de pacientes.

En CONAGUA, la subdirectora de Administración, Elena Burns, fue despedida por bloquear el otorgamiento de concesiones de aprovechamiento de aguas a empresas privadas. Además, el director del organismo tiene conflictos de interés.

Respecto a SEGALMEX, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el organismo está involucrado en la entrega de contratos a empresas fantasma y simulación en la adquisición de leche, trigo y granos básicos.

Esos productos de primera necesidad fueron vendidos a firmas privadas por debajo de los precios de garantía. Desde 2020, ya en funciones del actual gobierno de López Obrador, se destapó el desfalco en estos organismos.

El único procesado hasta el momento es René Gavira Segreste, director de Administración y Finanzas de Segalmex entre 2019 y 2020, quien supuestamente operó una red de corrupción a través de contratos irregulares.

Peses al monto de irregularidades, se le otorgó el beneficio de la libertad condicional; solamente tiene que presentarse quincenalmente ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional para la firma del libro.

Tiene prohibido salir de la Ciudad de México y de la Zona Metropolitana y acercarse a los testigos. El organismo era dirigido por Ignacio Ovalle Fernández, hoy director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).

El año pasado, Gavira se presentó por primera vez ante un juez, que lo procesó por la presunta colocación de 950 millones de pesos de Segalmex en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para la adquisición de bonos bursátiles, lo que es ilegal.

Tan sólo en Liconsa, se “evaporaron” 79.7 millones de litros de leche líquida que sería transformada en polvo y por cuyo proceso de industrialización se pagó 202.8 millones de pesos, según reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según la cuenta pública del 2021, en poder de la Cámara de Diputados, Liconsa no ha acreditado que esos 79.7 millones de litros de leche salieran de sus almacenes, ni que fueran transformadas en polvo.

Inexplicablemente, Ignacio Ovalle no ha sido llamado por la FGR pese a que, de acuerdo con información previa, hay indicios de triangulación de recursos y lavado de dinero vinculados a la empresa Libre Abordo en favor de Nicolás Maduro.

Ovalle fue director de la extinta Conasupo en tiempos de Carlos Salinas de Gortari y en ese entonces fue jefe del ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien no ha declarado mucho al respecto.

Al igual que en otros proyectos del actual gobierno, Segalmex carece de reglas de operación, lo que permite el manejo discrecional de recursos, adjudicaciones directas y contratos multimillonarios sin supervisión alguna.

El volumen de irregularidades es tal que, con la fusión de Liconsa y Diconsa, Gavira despidió injustificadamente a personal de base para después recontratar a otros trabajadores mediante el esquema de outsourcing.

Esto permitió sustraer sueldos de cientos de trabajadores “aviadores”, como una especie de “moche”, a través de empresas fachada que negocian las contrataciones con el gobierno federal.

Se investigan desvíos que van desde el programa de Desayunos Escolares hasta la colocación de 800 millones de pesos en Certificados de Valores Bursátiles, que Gavira Segreste operó mientras estuvo en el cargo.

En el ISSSTE la ASF también descubrió que la empresa IMEDIC defraudó con el resguardo de 13 millones de expedientes médicos de pacientes y con los servicios de radiografía, endoscopías, tomografía y mastografía.

La decisión de adjudicar la concesión a IMEDIC fue de la encargada de compras del ISSSTE, Almendra Lorena Ortiz Genis, quien hasta diciembre del 2021 era la responsable de Vigilancia y Ayudantía del presidente López Obrador.

Ella autorizó pese a que desde la cuenta del 2019 la ASF ya había advertido de irregularidades en IMEDIC. La empresa reportó domicilios fiscales falsos en una bodega abandonada, una lavandería, un taller y una plaza comercial.

Esto fue publicado en un reportaje de Nurit Martínez en El Sol de México. La Organización Editorial Mexicana (OEM), editora de dicho diario, visitó 5 de los domicilios donde se encontró con la sorpresa de la simulación.

Estos son algunos de los principales desfalcos detectados en el actual sexenio, pero existen otros más sórdidos, como el de CONAGUA, donde fue despedida una subdirectora que se negaba a liberar concesiones a privados.

De acuerdo con información publicada por Julio Hernández López, en La Jornada, la subdirectora de Administración de Conagua, Elena Burns, fue despedida sorpresivamente por obstruir las concesiones de aguas nacionales a privados.

El lunes se le prohibió el paso a sus oficinas de Conagua, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que encabeza María Luisa Albores González.

Conagua es dirigida por Germán Martínez Santoyo, quien además es accionista de la empresa Avalon Servicios de Ingeniería SA de CV, que ha recibido contratos en materia de agua, por 18 millones de pesos de los gobiernos federal y capitalino.

Entrevistado por el propio Julio Hernández, admitió ser accionista, pero dijo “yo ya no recibo ninguna participación, ganancia o utilidad de esta empresa”. Sin embargo, las concesiones se obtuvieron cuando ya era funcionario.

El argumento oficial del despido de Elena Burns es que fue “con la finalidad de implementar procesos que aceleren la instrumentación de medidas que contribuyan a abatir los rezagos en materia de concesiones de aguas nacionales…”