Servidores Públicos y Crimen Organizado, responsables de desapariciones en México.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló a Servidores públicos y al crimen organizado como principales responsables del creciente número de casos en México.

Este 12 de abril la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó el informe derivado de la visita realizada a México en 2021 por el Comité.

Las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”, aseguró.

Sin embargo, el Comité de la ONU contra Desaparición Forzada (CED) urgió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública y regresar al ejército a los cuarteles.

Igualmente le planteó convertir a la Guardia Nacional en un organismo de carácter civil. Cabe señalar que la visita del Comité se derivó de la situación crítica que atraviesa el país:

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, es el único registro en funcionamiento de los previstos por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares.

Según las cifras oficiales disponibles al 26 de noviembre de 2021 (último día en el que el Comité estuvo en el país realizando investigaciones) se encontraban registradas 95 mil 121 personas desaparecidas, de las cuales 112 habrían desaparecido durante la visita del Comité.

Al día de hoy, en que se presenta el informe, el registro contabiliza 98 mil 883 personas desaparecidas y no localizadas.

Entre 2006 y 2021 se ha dado un crecimiento exponencial de desapariciones en el país, lo que implica un 98% del total de desapariciones registradas.

No obstante, la presidenta del Comité contra Desaparición Forzada (CED) de la ONU Carmen Villa Quintana reiteró su recomendación “de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y pidió al Estado mexicano establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”.