Someterán a revisión Ley de Austeridad

Por RAMIRO OCHOA. La Ley Federal de Austeridad Republicana, que establece un candado de 10 años de veda, para que los servidores públicos puedan trabajar en el sector privado en las áreas relacionadas con el trabajo que desarrollaron, será sometida a revisión.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, consideró que es necesario que el Poder Legislativo la revise.

“Esta reforma que hicimos en materia de austeridad, la recuerdo muy bien porque primero eran cinco años y luego 10 años. La dificultad para que un servidor público trabaje en el sector privado es discutible”, advirtió el legislador.

“Obviamente es una reforma que hay que mediar bien, porque no es correcto y no es justo que un servidor público que tiene capacidad y talento se le vaya a prohibir incorporarse en alguna actividad para sobrevivir, ya no otra cosa”.

El tema salió a colación tras la “renuncia” de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras el escándalo de su boda en Guatemala, que también le costó el cargo a la ex secretaria de turismo de la CDMX.

A pregunta expresa, Ricardo Monreal adelantó que dialogará con los coordinadores parlamentarios para valorar si Santiago Nieto puede ser parte del cuerpo de asesores del Senado, porque “tengo una buena opinión de sus conocimientos”.

Santiago Nieto tuvo información privilegiada de entes públicos y privados, por su labor de detectar acciones de lavado de dinero en todos los ámbitos, pero también en detectar financieramente la estructura de lavado de dinero del crimen organizado, que toca prácticamente todas las áreas de bienes y servicios.

El segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana dice que “los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”.