Violencia y corrupción, en aumento exponencial en México

El Índice de Paz México 2023 reveló que la tasa nacional de delincuencia organizada ha aumentado un 64.2 % en los últimos ocho años. Con la excepción de un ligero descenso en 2020, la tasa ha aumentado cada año desde 2016.

Este aumento fue impulsado por deterioros en la extorsión y narcomenudeo, con aumentos en la tasa de 59.5 y 148.7 %, respectivamente. Los homicidios relacionados con delincuencia organizada aumentaron 190 % en el periodo, mientras que todos los demás homicidios aumentaron apenas 6.4 %.

Por el contrario, la tasa de secuestro y trata de personas ha disminuido un 55.4 % desde 2015, mientras que la tasa de delitos graves ha disminuido un 40.7 %.

En cuanto a corrupción Ninguno de los grandes casos de corrupción ha llegado a sentencias definitivas.

Ni la Estafa Maestra (con un desvío estimado en 7 mil millones de pesos), ni el caso Agronitrogenados-PEMEX (donde se estima una desvío de 200 millones de pesos de las arcas mexicanas) o el caso SEGALMEX-DICONSA-LICONSA (con una desvío estimado en cerca de 9,500 millones de pesos) han llegado a sentencias en firme.

Casos de corrupción internacional, como el de Odebrecht, tampoco.”

Aunque se abren cientos de carpetas de investigación por posibles actos de corrupción, las sanciones no llegan. Tampoco se han recuperado los activos desviados o se ha conducido una apropiada reparación de daño para las víctimas.

De hecho, el Estado mexicano no reconoce a los ciudadanos y contribuyentes del país como víctimas en las tramas de corrupción que han sido documentadas y expuestas ante la opinión pública”, señaló Transparencia Mexicana.

La gravedad de la crisis en los sistemas de seguridad y justicia se refleja en datos como que 96 por ciento de las personas que sufren un delito no lo denuncian, y la posibilidad de imponer sanciones es de solo dos a cinco por ciento, lo cual significa que 98 por ciento de los delitos que se cometen en México no tienen una consecuencia.

Es necesario hablar de una política de Estado de transparencia y rendición de cuentas. Y el punto de partida sería la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República con características primordiales que permitan transexenalidad, exención de posicionamientos partidistas y una rendición de cuentas abierta ante la soberanía del país.

Extracto tomado de Veme digital, con info de UNAM y EON