TRAS BAMBALINAS. Calificar al reprobado

Por Jorge Octavio Ochoa. Es muy factible, que el proceso de democratización que vive México tendrá que pasar por un trámite de judicialización.
De no apegarnos a las leyes, repetiremos la historia de abusos, incongruencias y excesos de poder que se enquistó hace dos siglos, casi después de la revolución.
El Sistema de Derechos es el gran ausente en este país. Los mexicanos vivimos desde hace generaciones, inmersos en el delito y las componendas.
La sujeción a las leyes no es precisamente nuestro fuerte, y hasta las causas más nobles se desvirtúan por esa proclividad a mentir y delinquir.
El proceso de Revocación de Mandato debiera ser, sin temor a exagerar, motivo de festejo nacional y participación entusiasta.
Pero, como dijimos la semana pasada, por alguna extraña razón no ha contado con el respaldo popular masivo que se esperaba, y está lleno de claro-oscuros.
El motivo central de la controversia que se ha desatado, es simple y básicamente la insuficiencia de recursos presupuestales del Instituto Nacional Electoral.
Pidió más de 3 mil millones de pesos para realizar el ejercicio. Por toda respuesta, el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados le recortaron 4 mil millones de su presupuesto.
Esto, luego de una larga confrontación iniciada desde hace un año por el propio presidente López Obrador, quien ha cuestionado seriamente la viabilidad de la existencia del INE.
Así, la gran joya de nuestra democracia arrancará el próximo año, cubierta por un manto de profunda desconfianza. Al menos un 40% del electorado no la verá como un ejercicio honesto y transparente.
Menos aún, cuando en el camino se han encontrado evidencias de falsificación, usurpación de identidad, fraude con firmas procedentes de muertos y direcciones que nunca se encontraron.
Así, la trampa y el fraude, es la sombra que empaña inexplicablemente el proceso. Tenemos un presidente que obtuvo 30 millones de votos y cuenta con casi un 60% de aprobación.
¿Qué necesidad había, de recurrir a ese tipo de prácticas irregulares, chanchulleras y corruptas? En teoría, sólo bastaba con colocar mesas y urnas receptoras, y funcionarios que recibieran la papeleta. Nada más. Eso es lo que piensa AMLO.
ENTRE ACUERDAZOS, LA EXTRAÑA PRISA DE LA CORTE
Hasta el momento, el INE no ha validado la legalidad de los 5 millones de firmas que se requieren para hacer obligatoria y constitucional la consulta. Se alcanzarán, sin duda, pero, ¿por qué tanto problema para lograrlo?
¿No que es el segundo más popular del planeta? Es extraña la prisa con la que dos ministras de la Suprema Corte dan entrada a la controversia de la Cámara de Diputados, impulsada por Morena, para obligar a su realización.
El INE nunca dijo que no la vaya a ejecutar. Simplemente aludió una insuficiencia presupuestal que amerita una prórroga. La consulta no la detiene ni Dios Padre. ¿Por qué tanto grito?
Peor aún: Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa se brincaron las trancas y se saltaron las facultades elementales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Éste debió ser la primera instancia para evaluar el acuerdo de 6 de los 11 consejeros del INE para posponer la consulta, una vez que se tuviera consolidado el número de firmas para convertirlo en una obligación legal.
Lejos de ordenar un simple trámite, y turnar el caso al Tribunal Electoral, las magistradas se fueron al fondo del asunto, sin haberlo sometido a la discusión de los demás ministros de la corte. Ellas dos, solas, determinaron:
“Los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del Acuerdo del INE, que pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.
Ellas dos solas decidieron el fallo, que en cierta forma dicta línea de lo que será la decisión definitiva del pleno de ministros, que seguramente determinarán que no realizar la consulta significaría no apegarse al artículo 29 de la Constitución.
En suma, el INE tendrá que adaptarse al presupuesto aprobado para la consulta ciudadana, es decir, con los 1,503 millones de pesos que fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
CONSULTA MEDIOCRE Y SOSPECHOSA
No está resuelto el asunto de fondo: la imposibilidad presupuestal del INE para realizarla. La Corte tendrá que decir si el TEPJF calcula el costo, o ellos mismos hacen la tabulación.
Si deciden que se haga con el actual volumen de recursos que se destinaron al INE, será una consulta mediocre y sospechosa. Sea como sea, si fuera realmente para calificar el desempeño, López Obrador está reprobado.
No hay resultados tangibles en nada. Y lo peor: hasta los propios seguidores del mandatario han tenido que correr hacia el centro su discurso sobre la militarización en México.
De aquel rotundo rechazo cuando era candidato, hoy empiezan a decir que era necesario, porque el asunto es complicado. Entonces, ¿sí era necesaria una guerra contra el narcotráfico?
Pero aun así está reprobado. Este gobierno dejó crecer la cabeza de la hiedra, y ha pretendido negociar con los Cárteles de Sinaloa y del Golfo para pacificar al país. Hoy tenemos una decena de grupos altamente peligrosos que controlan territorios.
Del inhumano capitalismo y neoliberalismo que tanto critica el presidente, México pasó al brutal derecho de piso y pago de cuotas a bandas criminales, que lo mismo extorsionan a grandes empresas que a pequeños comerciantes y ambulantes.
El gobierno federal está rebasado totalmente. Es increíble que dos delincuentes sean rescatados por un centenar de matones, a bordo de 50 camionetas, y al otro día López Obrador no diga una sola palabra.
La extorsión ha llegado hasta la capital de la república, asiento de los Poderes de la Unión, y se ha colocado a tan sólo unos pasos del mismísimo Palacio Nacional, para que se sepa realmente quien manda en este país.
Vendedores de pollo, tenderos y hasta ambulantes son los nuevos blancos de extorsionadores. Los locatarios señalan que el cobro de derecho de piso se incrementó entre 20 y 45% durante 2021.
El mecanismo es simple, pero terrorífico: un mensaje escrito en el que piden la cuota por semana, y un número telefónico: “Cubre el derecho de piso o aténgase a las consecuencias”.
A unos pasos de donde vive el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Centro Histórico de la capital, cobran hasta 2 mil pesos al mes bajo la consigna de ofrecer “seguridad”.
En el extremo de lo increíble, existe incluso una “cuota voluntaria” para ambulantes, de hasta 500 pesos a la quincena, pese a que todas las mañanas, a las 6:00 am, el presidente se reúne con su Gabinete de Seguridad.
¿Qué es lo que quiere que le califiquen, señor presidente? ¿Su ineptitud? ¿Su gran capacidad para mentir? ¿Apuntalar su popularidad por ser tan bueno como Jesucristo?
Esto, que debiera ser motivo de algarabía, lo ha convertido en un motivo más de confrontación. Si la Revocación de Mandato va a ser un ejercicio constitucional permanente, hágalo bien desde el principio. No lo convierta en una caricatura.