Estado arrecia censura contra ciudadanos

Una decena de organizaciones civiles pro derechos humanos, expresaron su repudio al acoso judicial que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado contra Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C, por revelar datos delictivos de un aspirante a juez laboral en la Ciudad de México.

El INE inició un procedimiento por presunta “violencia política”, tras la denuncia presentada por Luis Castañeda, exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, candidato a juez en las pasadas elecciones, porque se publicaron datos oficiales que lo involucran con acoso sexual y crimen imprudencial.

Alfonso Meza publicó que al menos 36 mujeres acusaron de acoso sexual y amenazas a Luis Castañeda, quien además atropelló a un motociclista que falleció a consecuencia del impacto. El funcionario de la Presidencia inició la querella por haber sido “violentado políticamente”, y ahora Meza se enfrenta a una multa.

Las organizaciones que repudian la sanción del INE son Artículo 19; Mexiro A.C.,Politiklab, Proyecto Justicia Común A.C., Arkemetría Social A.C., Práctica: Laboratorio para la democracia; Justicia Transicional en México; Estrategias contra la Impunidad A.C; Observatorio de Designaciones Públicas; LGBT+ Rights

A juicio de las organizaciones de la Sociedad Civil la denuncia representa una distorsión del concepto de “violencia política”, cuyo propósito es proteger el ejercicio de los derechos políticos frente a actos de presión, amenaza, hostigamiento o coacción.

”En este caso, se utiliza para criminalizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y la vigilancia ciudadana”, refieren. “La labor de Defensorxs A.C. —dedicada a revisar los perfiles de aspirantes a cargos judiciales— ha sido clave para fortalecer la transparencia en la pasada elección judicial, señalaron.

La revisión de los perfiles de jueces, juezas, magistraturas y ministros y constituye un aporte fundamental al escrutinio público, advierten en el documento. “La utilización de instituciones del Estado para silenciar investigaciones incómodas constituye un grave atentado contra la libertad de expresión.

Es una violación a la rendición de cuentas. El uso de la violencia política como arma institucional para blindar a presuntos agresores desde el poder es inadmisible”, señalaron. Destacan que el caso no es aislado.

De acuerdo con la organización Artículo 19, tan solo en 2023 se registraron 21 casos de acoso judicial contra periodistas en México, lo que da cuenta de un patrón creciente de represión a la libertad de expresión mediante mecanismos legales.

“Resulta alarmante que se utilicen mecanismos sancionadores no para proteger derechos, sino para castigar la crítica. En una democracia, quienes aspiran a cargos públicos deben estar abiertos al escrutinio, no blindados contra él.

“Cuando se responde con castigo en lugar de argumentos, se envía un mensaje peligroso: que cuestionar al poder tiene consecuencias. Y eso erosiona las bases del debate público y de la justicia”.

Por tanto, las organizaciones expresaron su total solidaridad con Miguel Alfonso Meza y exigieron al INE conducirse con responsabilidad, garantizando el respeto irrestricto a la libertad de expresión y al trabajo de vigilancia ciudadana.