A Minsa, contrato millonario; a campesinos, pesitos por su maíz

En medio de la confrontación que se ha empezado a gestar entre el gobierno federal con transportistas y campesinos, trascendió que este año, la asesora de la presidencia de la República, Altagracia Gómez, recibió un contrato de 335 millones de pesos para su empresa Minsa, comercializadora de maíz industrializado.

Según el portal EmeEquis, Minsa recibió, por adjudicación directa, 346 millones 175 mil 400 pesos para transformar el grano en harina mientras los campesinos protestan por los bajos precios de sus cosechas. Altagracia Gómez Sierra preside el Consejo de Administración de dicha empresa.

El contrato fue otorgado por la Dirección Comercial de Alimentación para el Bienestar (DICONSA) con el concepto de “Servicio Integral de Transformación de Maíz de DICONSA en Harina de Maíz Nixtamalizada Marca Propia, Así como su Empaque y Suministro.

Con esto, el gobierno federal dice cumplir con el Objetivo del Programa de Abasto Rural en su Componente Maíz para Todos” del Programa de Abasto Rural, cuyas Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2025 se publicaron el 24 de enero de 2025.

Se busca abastecer de maíz en grano y/o harina por debajo del precio de mercado a personas productoras de tortilla en 3,500 localidades de 13 estados de la República con población mayoritariamente indígena y afromexicana, señala el Programa del gobierno federal.

Esta confrontación entre el gobierno y los campesinos, se da en uno de los mementos más difíciles del agro mexicano, debido al asedio del crimen organizado a los productores de aguacate, limón y otros productos, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Los campesinos aseguran que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se redujo el presupuesto rural, desmantelaron programas sociales y liquidaron instituciones fundamentales del sector como la Financiera Rural”, y ahora México es un país importador de alimentos como maíz, frijol, trigo y oleaginosas.

México produce menos del 50% del maíz que consume. En 37 años de gobiernos priistas, panistas y morenistas, el campo sigue en condiciones de desastre y ruina, advierten los campesinos.

En ese período, el índice de autosuficiencia alimentaria pasó de 72% a 42%, señalan los campesinos. El neoliberalismo de Carlos Salinas destruyó la propiedad social, ejidal y comunal”. Gerardo Fernández Noroña, es la expresión más acabada de los abusos. Su Mansión, levantada contra la voluntad comunal.

“En los últimos 15 años el acceso al crédito y a un seguro para las unidades de producción agropecuaria es nulo tras la desaparición de la Financiera Rural. Los costos de producción se han incrementado desproporcionalmente con respecto al ingreso del productor”.