Por orden de AMLO, la justicia se hizo ciega y sorda

En Aguascalientes se firmó un proyecto para generar energía solar. Era legal. Tenía contratos, fideicomiso y reglas claras. El proyecto no se ejecutó por decisiones políticas y bloqueos regulatorios.

Sin embargo, hoy hay personas en la cárcel. No quienes diseñaron el proyecto, no quienes tomaron decisiones políticas, no quienes lo impulsaron o lo frenaron. Está detenida una fiduciaria bancaria: una profesionista.

Ella se llama Zulema Cortez. Su función era administrar recursos conforme a un contrato que ella no creó. No decidía, no autorizaba, no ejecutaba el proyecto. Solo cumplía su trabajo. Es una empleada bancaria.

Tiene una hija de 1 año 5 meses. Administraba un fideicomiso para un contrato de generación de electricidad entre el municipio de Aguascalientes y la empresa Next Energy.

Su trabajo, en términos simples, era administrar el dinero y hacer los pagos conforme a los términos del contrato. No tiene capacidad alguna de decisión ni es responsable del proyecto.

El proyecto incluyó la instalación e interconexión de 1,919 microplantas de generación con 60,024 paneles solares en edificios públicos y la construcción de un parque fotovoltaico en Cañada Honda. El sistema quedó listo hace 5 años.

No opera porque el gobierno de López Obrador, que se oponía a la inversión privada en electricidad, negó los permisos. El municipio, gobernado por el PAN, inició un juicio mercantil en el 2023 para evitar los pagos del contrato.

En 2024 promovió una denuncia de fraude contra el proveedor y logró que se detuviera al principal accionista, pero también a Zulema y a otros dos administradores del fideicomiso: Nabor Medina Garza y David Rodríguez Jacobo.

Pese a su evidente inocencia, fueron privados de la libertad por razones políticas, por ser los administradores de un proyecto legal pero que, por órdenes del Presidente de la república de entonces, no se realizó.