Desapariciones en México será tratado como crímenes de lesa humanidad: ONU

La crisis de desaparición de personas en México -más de 135 mil- será llevado al pleno de la Organización de las Naciones Unidas, tras reconocer que “se han cometido y se siguen cometiendo” desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.

Tal decisión se tomó, basándose en su evaluación de que “se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, señala el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED)

Señaló que la magnitud de los casos de personas desaparecidas pone de relieve la gravedad de la situación. Citaron el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país. Recientemente se han encontrado más de 4 mil 500 fosas, que contienen más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, señalaron.

Además, hay unos 72 mil restos humanos no identificados. Por eso el Secretario General de las Naciones Unidas ha transmitido la decisión de discutir el tema, en aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El pasado 2 de abril se dio a conocer que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas que remitiera urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.

El CED le pediría a México que considere la posibilidad de adoptar medidas para que se le proporcione la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que requiera en las operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva.

Analizarían las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado para su castigo y erradicación. según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), indica que en México hay 135 mil 072 personas desaparecidas de las cuales 29 mil 277 son mujeres.

Esta decisión constituye un reconocimiento de la gravedad y persistencia de la crisis que enfrentan miles de familias en el país, así como de años de trabajo, documentación y exigencia de verdad y justicia impulsados por personas buscadoras, colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos