Cuatro decapitados y silencio absoluto de la 4T

En el marco de una alta tensión en la montaña, por la disputa territorial entre grupos criminales como Los Tlacos y Los Ardillos, que han forzado el desplazamiento de comunidades indígenas, la Fiscalía del Estado de Guerrero mantiene en silencio el avance de las investigaciones sobre cuatro hombres decapitados, cuyos cadáveres fueron dejados detrás del Congreso, sobre la lateral del bulevar Vicente Guerrero.

Esto ocurrió la mañana del 4 de junio, en Chilpancingo, y según expertos, es parte del fin de la tregua criminal entre los grupos delictivos regionales. Las investigaciones arrojaron que las víctimas eran originarias de la localidad de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, una zona históricamente disputada por organizaciones criminales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) remolcó el vehículo con los cuerpos en su interior hacia las instalaciones de Servicios Periciales bajo el argumento de procesar la unidad en un ambiente controlado, lo cual generó críticas por la presunta manipulación inmediata de la escena del crimen. El hallazgo ocurrió un día después del asesinato a balazos de un trabajador del ayuntamiento de Quechultenango.

Entre abril y finales de mayo, en las regiones Centro, Montaña Baja y Costa Chica de Guerrero, ocurrieron una serie de ataques armados y con drones atribuidos a células criminales que causaron pánico entre los pobladores y causaron el desalojo de comunidades. Pese a la gravedad y el nivel de violencia de los hechos, los tres niveles de gobierno han guardado silencio.

En esta “guerra con narcodrones”, tanto la gobernadora, Evelyn Salgado, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum se han mantenido a margen. Pese a la tensión existente, los medios de comunicación locales y nacionales también han dado nula importancia al hecho de que han desplazado entre 800 y 1,000 familias.  

Solo una semana antes del hallazgo de los cuerpos, se registró un ataque directo con drones en la periferia de la capital. Hombres armados lanzaron al menos cuatro artefactos explosivos contra el corralón de “Grúas Alonso” en Petaquillas (zona controlada por Los Ardillos), destruyendo tres vehículos.

El grupo criminal Los Ardillos ejecutó intensas jornadas de bombardeo continuo con drones cargados de explosivos contra comunidades indígenas de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, como Alcosacán, Tula, Acahueguetlán y Shikotlán. Hubo días con más de ocho horas consecutivas de bombardeos, lo que forzó el desplazamiento masivo de entre 800 y 1,000 familias hacia los cerros

También se registraron fuertes bombardeos con drones y detonaciones de armas de grueso calibre en los límites de los municipios de Juan R. Escudero y Tecoanapa, afectando severamente los techos de viviendas en las localidades de El Charco y Magueditos. Las comunidades más devastadas se concentran en los municipios de Chilapa de Álvarez, Atlixtac y José Joaquín de Herrera.

Las localidades indígenas de origen nahua sufrieron el mayor impacto por la quema de viviendas, corte de energía eléctrica y explosivos lanzados desde el aire. Tula, Xicotlán (o Shikotlán) y Ahuacatlán (o Acahueguetlán): Ubicadas en Chilapa, fueron el epicentro del asedio narcoparamilitar de Los Ardillos. Sus habitantes tuvieron que huir a pie por los cerros para refugiarse en la comunidad vecina de Alcozacán.