Despiden a 43 defensoras de oficio; dejan desamparados a vulnerables

Su trabajo permitía que mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos, recibieran una atención integral y una defensa acorde con su realidad.

No eran personal administrativo. Eran profesionales que realizaban investigaciones socioeconómicas, elaboraban dictámenes en trabajo social e identificaban las condiciones de vulnerabilidad de quienes acuden al Estado porque no pueden pagar una defensa o una asesoría jurídica.

El 30 de junio fueron cesadas. Son 43 trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública. Cuando desaparece este personal especializado, no sólo se pierden empleos; también se debilita la posibilidad de impartir una justicia profesional, independiente y de calidad para quienes más la necesitan.

Después de que la reforma judicial prometió reiteradamente respetar los derechos laborales, continúan los ceses, que dejan a personas servidoras públicas sin empleo y, en algunos casos, incluso sin seguridad social para continuar tratamientos médicos indispensables.