¡No es de risa!

El consumo de alcohol le cuesta al país $552 mil millones de pesos al año. Ocasiona enfermedades (como cáncer), lesiones y muertes. No se trata solamente de recaudar más; se trata de hacer menos accesible un producto que causa daños y utilizar la política fiscal como una herramienta de prevención.

Por Guillermo Pimentel Balderas

Organizaciones de la sociedad civil y académicos lamentan que el Paquete Económico 2027 no considere aumento en impuestos a bebidas alcohólicas. Esperan reconsidere la Comisión de Hacienda y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para aplicar un aumento significativo del impuesto a las bebidas alcohólicas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el paquete técnico de políticas fiscal e intervenciones SAFER, donde los ajustes a la política fiscal son la medidas más costo-efectiva para reducir el consumo.

Los especialistas en salud en el marco de la conferencia de prensa virtual, evaluaron la política fiscal hacia bebidas alcohólicas derivado de la presentación del paquete económico 2027 y afirman que los impuestos aplicados a las bebidas alcohólicas en México están entre los más bajos del mundo, lo que hace que estos productos sean muy asequibles en el país.

Calificaron de urgencia, actualizar el esquema tributario actual para hacer frente a los graves estragos económicos y de salud pública que genera su consumo en México. De acuerdo con estimaciones, suscribieron que, los costos económicos directos e indirectos generados por enfermedades causadas por el alcohol superan los 552 mil millones de pesos anuales.

Esta cifra, estiman, contrasta significativamente con la recaudación fiscal captada a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a este rubro, la cual apenas cubre una fracción menor del gasto público destinado a compensar estos daños.

En opinión de Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, “la Ley de Ingresos 2027 no incluye una actualización o aumento de los impuestos a bebidas alcohólicas. Esto es lamentable, considerando los gastos directos e indirectos para los subsistemas de salud, así como las consecuencias sociales y económicas para las familias”.

Por su parte, Carlos Guerrero, Economista de la Salud Senior de Economics for Health-Johns Hopkins University, expuso que el Paquete Económico 2027 no prevé modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a las bebidas alcohólicas. Incluso, se pronostica una menor recaudación por este durante 2027 respecto a 2026.

Menciona que, en este contexto, no fortalecer los impuestos aplicados a las bebidas alcohólicas implica mantener áreas de oportunidad en términos de la estructura del IEPS, de hacer que las bebidas alcohólicas sean menos asequibles y con ello no beneficiar la salud y las finanzas públicas.

En su oportunidad, Alonso Robledo, Vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA) señala: “El aumento de los impuestos al alcohol es una de las medidas más costo-efectivas para reducir su consumo y, con ello, prevenir enfermedades, lesiones y muertes. No se trata solamente de recaudar más; se trata de hacer menos accesible un producto que causa daños y utilizar la política fiscal como una herramienta de prevención. No se trata de cobrarle más a la población: se trata de que el precio del alcohol refleje, al menos en parte, el enorme costo que hoy estamos pagando todos”, reflexiona.

Más adelante, Luis Alfonso Godínez, Vocero de la Fundación para el Fortalecimiento de la Salud en México (FUNSAMEX), dijo que, desde este organismo consideran que la política fiscal en México puede ser una herramienta de salud pública cuando está sustentada en evidencia; “adicionalmente a la recaudación, debe contribuir a fortalecer la prevención, promover decisiones de consumo más informadas y reducir los riesgos asociados entre el consumo del alcohol y el cáncer, siempre a través del diálogo entre autoridades, academia, sociedad civil y los sectores involucrados”, apunta.

Por lo tanto, los activistas de la salud aseguran que actualizar el impuesto a las bebidas alcohólicas servirá como una palanca para: disminuir el consumo en niñas, niños, adolescentes y mujeres, reducir la carga económica en las familias con menores recursos, evitar siniestros viales y fortalecer los ingresos del gobierno para atender los daños causados por el consumo de alcohol y otras enfermedades.

En tal virtud, los representantes  de la sociedad civil y académicos hicieron un llamado respetuoso pero enérgico a la Comisión de Hacienda y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que se pueda reconsiderar un aumento significativo del impuesto a las bebidas alcohólicas en la Ley del IEPS, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el paquete de políticas e intervenciones SAFER, donde los ajustes a la política fiscal son la medidas más costo-efectiva para reducir el consumo.

De forma unánime, convocaron a los legisladores federales en general de hacer historia pues tienen la oportunidad de utilizar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como una verdadera política de salud pública.

Foro académico  de salud

En información por separado, hace días, la presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Lilia Margarita Valdéz Martínez, organizó el foro académico “Iniciativa para Regular Puntos y Horarios de Venta de Alcohol”, un encuentro para analizar las consecuencias en el consumo de este producto en el cual advirtió que la ingesta de alcohol y el alcoholismo se han convertido en un problema de salud pública “muy serio”, debido a que su consumo inicia desde edades muy tempranas.

En este evento, participó Erick Antonio Ochoa, director general de la organización Salud Justa Mx, quien afirmó que no es un asunto menor regular en la Ley General de Salud la disponibilidad física de bebidas alcohólicas dentro de la política nacional, pues desde el año 2013 no se ha hecho ninguna modificación en la materia.

Por lo tanto, plantea modificar dicho ordenamiento para limitar la venta de bebidas alcohólicas a un máximo de 12 horas diarias, facultar la determinación de establecimientos por zona geográfica mediante diagnósticos sanitarios y de seguridad, establecer una distancia mínima de 400 metros respecto a instituciones educativas y puntos vulnerables, así como para fortalecer las consecuencias administrativas por venta a menores de edad.

Antonio Ochoa asienta que revisiones sistemáticas y estudios señalan que ampliar días u horarios de venta tiende a incrementar el consumo de alcohol, mientras que reducir la disponibilidad disminuye la compra de bebidas alcohólicas, por lo que es necesario revisar la operación regulativa de los establecimientos que actualmente recae en entidades federativas y municipios.