ONU exige a México políticas para impedir uso de menores en el CO
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió al gobierno de México, una política nacional para impedir que menores de edad sean utilizados por grupos criminales que provocan el cierre de planteles, deserción escolar y desplazamiento forzado, además de reclutar a niñas, niños y adolescentes, en actividades ilícitas.
Ante esta situación, recomendó al Estado mexicano adoptar una política nacional para prevenir el reclutamiento y utilización de menores, mediante estrategias de prevención comunitaria con participación de organizaciones civiles y de la propia infancia, en sus observaciones sobre el séptimo informe periódico de México.
El organismo advirtió además sobre la falta de una ley general contra el desplazamiento forzado interno y recomendó crear un registro nacional de personas y comunidades desplazadas, así como garantizar condiciones para su retorno seguro.
Aprobado apenas el 13 de noviembre pasado, el informe de la ONU pidió dar prioridad a la investigación y sanción de las desapariciones, feminicidios y otros delitos contra niñas, niños y adolescentes, así como establecer mecanismos de protección en los tres órdenes de gobierno.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, alertó en materia educativa, “garantizar la continuidad de servicios esenciales en todo el territorio mediante la presencia de autoridades civiles” y adoptar medidas de protección para el personal encargado de prestarlos.
Sobre “el cierre de escuelas, la deserción escolar, el desplazamiento forzado” y la pérdida de empleos y medios de subsistencia por amenazas y extorsiones, demandó garantizar la continuidad de las clases en las comunidades afectadas por la violencia.
El organismo manifestó su preocupación por “el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por los grupos delictivos organizados”, así como por las desapariciones, la explotación sexual y la trata, sin que se les reconozca como víctimas.
También recomendó evaluar por entidad federativa y municipio los efectos de la inseguridad sobre los derechos de la población, con especial atención a la infancia, las comunidades indígenas y los habitantes de zonas rurales.
El Comité advirtió que la violencia de la delincuencia organizada también interrumpe servicios de salud, incluidas campañas de vacunación y tratamientos especializados, debido a los bloqueos que impiden el acceso del personal sanitario a determinadas comunidades.
Otro señalamiento apunta a la posible complicidad de funcionarios públicos con organizaciones criminales. El organismo expresó preocupación por la falta de información sobre investigaciones y condenas de servidores públicos por su posible colusión con estos grupos.
Por ello, exigió investigar las violaciones de derechos derivadas de la participación de autoridades con organizaciones delictivas, sancionar a los responsables y garantizar la reparación integral de las víctimas.
La violencia también afecta la permanencia escolar de los hijos de personas desaparecidas. El Comité advirtió que estos menores enfrentan deserción, pérdida de redes de apoyo y oportunidades de desarrollo, además de quedar expuestos al acoso y a la violencia desde edades tempranas.
El documento señala que las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos pueden perder su empleo, ingresos, vivienda y seguridad social, mientras sus hijos e hijas abandonan la escuela.
La ONU pidió garantizar a estas familias apoyos económicos, atención médica y psicológica, protección laboral y continuidad educativa para los menores, independientemente de la entidad federativa donde residan.
También recomendó restablecer el mínimo presupuestario destinado a la atención de víctimas y asegurar que todas las entidades federativas cuenten con fondos para apoyar a las familias afectadas por desapariciones.
