AMLO prepara inanición del INAI; sepultarán solicitudes de información

En medio de críticas por la opacidad imperante en el actual gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó su intención de neutralizar el nombramiento de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) porque, en su opinión, “no sirve para nada”.

El mandatario reaccionó así, luego de la filtración de un audio en el que se escucha al Secretario de Gobernación y aspirante a la silla presidencial, Adán Augusto López, en el que indica que el gobierno federal ha propiciado el vacío legal para que no sean nombrados los comisionados faltantes y evitar así que se respondan las solicitudes de información de la ciudadanía.

Durante una reunión privada con diputados y senadores de su partido, Morena, el secretario reveló que López Obrador pidió el “impasse” en el INAI. “Estamos en el ‘mundo ideal’. Nosotros no tenemos ninguna urgencia por que se nombre en estos momentos” y por ello vetó las primeras tres propuestas presentadas por el Senado de la República.

Esté o no completo, “no sirve para nada”, pues es un aparato burocrático que fue creado para simular que combatiría la corrupción, respondió el mandatario. El partido Morena confirmó esta pretensión de dejar inactivo al INAI al dejar sin quórum la sesión en la que se debatiría la designación de los nuevos comisionados del INAI y las trabas jurídicas existentes.

El gobierno de López Obrador se ha convertido en el régimen más cuestionado por la falta de información sobre los principales proyectos y obras en proceso, así como por el elevado porcentaje de licitaciones directas que se han otorgado a consorcios y personas específicas muy allegadas a la familia del primer mandatario como es el caso de José María Rioboó y Daniel Chávez Morán.

“¿Para qué un aparato burocrático? Es que todo lo convertían en un aparato porque así les daban trabajo. Bueno ¿quiénes estaban allí? Puro recomendado de (Héctor) Aguilar Camín, de (Enrique) Krauze… el pueblo les paga para que estén en contra del pueblo, pero da igual que exista o no exista, pero sería mejor que no existiera porque nos ahorramos los 1,000 millones”, dijo AMLO.

“Todas las dependencias del gobierno federal y organismos del poder judicial y del poder legislativo estamos obligados a informar, existen las contralorías y así en cada oficina. Nosotros no nos reservamos nada, nada, nada, no tenemos nada que ocultar, pero eso se resuelve haciendo una modificación a la Constitución estableciendo de que la oficina que no informe, comete delito grave”.

LA CAUDA DE CORRUPTELAS

En los hechos, el gobierno de López Obrador se ha convertido en el más “opaco” desde que se institucionalizó la transparencia. Además del escándalo de SEGALMEX, donde existen gastos y desvíos de recursos por más de 15 mil millones de pesos, destaca también el caso del INSABI, donde se tienen gastos sin comprobar por 8 mil millones de pesos.

Lo grave es que, dentro de este desvío, hay cuentas no rendidas sobre compra de insumos y medicinas contra el Covid19, pago de ventiladores que no se entregaron a los estados para atender la pandemia. En este caso está involucrado el hijo de Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y considerado uno de los hombres más cercanos a Carlos Salinas.

El gobierno federal ha reservado por al menos 5 años, toda la información relacionada con los contratos para las compras de vacunas contra el Covid19; toda la información relacionada con las obras del AIFA; la venta del acero reciclado de lo que sería el nuevo aeropuerto de Texcoco; los estudios de factibilidad sobre el Tren Maya.

Igualmente ha reservado toda la información sobre la presunta “venta” del avión presidencial; los costos e inversiones reales de la refinería de Dos Bocas.  En materia de seguridad nacional, mantiene en reserva toda la información sobre la detención del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos y su liberación, así como el fallido primer operativo para la detención de Ovidio Guzmán.

Hay otros casos recientes, que se acumulan a la cauda de opacidad, como es la ampliación de concesiones de playa para la empresa VIDANTA, que ahora estará involucrada también en el proyecto de aprovechamiento de litio en México, sin ninguna licitación ni consulta previa al Congreso de la Unión. Son decisiones meramente presidenciales.

Está pendiente también toda la información relacionada con Claudia Elena Pérez García, ex funcionaria de la Presidencia de la República bajo las órdenes de Alejandro Esquer, secretario particular de López Obrador, quien en 2020 se convirtió en apoderada de la empresa B-Drive It y obtuvo 55 contratos del gobierno federal por 828 millones de pesos.

Dicha empresa, junto con Engine Core, vinculada a aquella, han obtenido contratos por casi 3 mil millones de pesos del régimen Lópezobradorista. Elena Pérez fue hasta el 31 de octubre del 2019, subdirectora de área en la Coordinación General de Administración de la Oficina de la Presidencia.

 

 

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