Aprueban Ley de Aguas entre provocaciones y amenazas
Entre bravatas y amenazas para que los agricultores acudan al Zócalo “y vean lo que es tener el apoyo del pueblo”, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, reformas a la Ley de Aguas Nacionales, que precisan derechos de sucesión sobre concesiones sobre el vital líquido. De lo que se trata, es de que los ricos ya no hagan negocio con el agua, puntualizó el coordinador de la Mayoría, Ricardo Monreal durante el debate que duró más de 24 horas y que mantiene en tensión el clima político del país. Fue aprobada con 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones.
El vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, resaltó: “queda claro y contundente que, así como se resolvió la herencia del título de concesión, se permite transmitir a los hijos y nietos. Y no se quitará ni un metro cúbico de la concesión original. No hay despojo”. En el artículo 49 se precisó que, cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión de agua, la Conagua emitirá un nuevo título, “exceptuando el análisis de la disponibilidad”.
Asimismo, se reconocen en la Ley General de Aguas los sistemas comunitarios y los servicios de agua para actividades productivas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; que el tratamiento de sus aguas se apegue a sus sistemas normativos y se rijan por la ley reglamentaria del artículo segundo constitucional. Durante toda la sesión, PRI y PAN –que, junto con MC, votaron en contra– recriminaron que no se consultó a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Insistieron en que, en el párrafo segundo del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, se impide la transmisión de derechos. En el dictamen –que se enviaría durante la madrugada al Senado, que fue citado a las 8 horas de hoy para discutir la minuta– con la reserva se agregó que “los derechos preferentes derivados de la transmisión de propiedad, fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles, y derechos sucesorios, se reasignarán” por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que deberá entregar nuevos títulos en un máximo de 20 días.
Asimismo, se reconocen en la Ley General de Aguas los sistemas comunitarios y los servicios de agua para actividades productivas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; que el tratamiento de sus aguas se apegue a sus sistemas normativos y se rijan por la ley reglamentaria del artículo segundo constitucional.
Tras las protestas, el Congreso incorporó más de 50 cambios a la nueva Ley: se permitirá vender o heredar tierras con concesión mediante trámites más ágiles, se reducirán las penas por delitos hídricos y se garantizará que no habrá retroactividad. Sin embargo, el Gobierno mantiene intacta la prohibición de transmitir concesiones entre particulares, el punto más polémico para los productores.
Se aprobó incluir en la Ley de Aguas Nacionales la tecnificación de los sistemas de riego y que el manejo, explotación, uso y reúso del agua no excederá los volúmenes mayores a los concesionados, con la finalidad de mantener el equilibrio hidrológico de cuencas y acuíferos. Se precisa que antes de disminuir o cancelar el volumen de agua concesionada, en caso de riesgo de disponibilidad, se hará con previa valoración técnica e información a los usuarios.
En el artículo 123 Bis 4 se agregó que no se sancionará el desvío de cauces o corrientes cuando –además de uso personal y doméstico– sea para uso agropecuario familiar. En el caso de la regularización del libre alumbramiento, se agregó que en los lineamientos que emita la Conagua “se deberá observar que no se incurra en prácticas de acaparamiento de agua”.
Los productores habían insistido en equiparar en el artículo 123 Bis 5 de la misma ley, el delito de cohecho a funcionarios que otorguen concesiones a cambio de un soborno para ellos o sus familiares, y lo que se agregó fue aumentar la pena hasta 14 años de prisión en esos casos.
En el artículo 24 del dictamen, se preveía que las concesiones o asignaciones serán objeto de prórroga, que podría solicitarse hasta dos años antes de su término, y en respuesta a lo solicitado por los productores, el periodo se amplió a tres.
Se agregó que el Programa Nacional Hídrico se actualizará y mejorará conforme a criterios y directrices sociales, ambientales y económicas que garanticen la equidad en el acceso al líquido, la integridad de los ecosistemas generadores del mismo, y se privilegiará el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, salubre, aceptable, asequible y equitativo.
Lorena Piñón Rivera, del PRI, advirtió que los bloqueos con tractores son gritos de auxilio del campo: ‘¡No me quiten el agua, no me quiten la vida!’. La legisladora veracruzana alertó que la reforma morenista no administra derechos, sino obediencia y castigo, concentrando en manos gubernamentales el control de pozos, títulos y distritos de riego que sostienen a campesinos, ganaderos y citricultores.
“En Veracruz lo entendemos de forma visceral: un litro de agua es destino para el campesino de Zongolica, el ganadero de la Huasteca o el citricultor de Martínez de la Torre”. La parlamentaria denunció cómo Morena complica transmisiones de derechos, amenazando patrimonios familiares y ejidos enteros, convirtiendo un derecho humano en limosna política.
Ante la protesta social que ha estallado, “los bloqueos no son conspiraciones ni manipulación política, son la respuesta desesperada de productores que ven su supervivencia en jaque”. Frente a un gobierno que se ha mostrado intransigente, “la Secretaría de Gobernación debería ser puente, no inventar enemigos. Que no se les ocurra reprimir: la Guardia Nacional y policías no pueden ser brazo represor de una ley autoritaria”.