Asesina modo de vida y convivencia Yaqui empresa minera de Francisco Gil

• Demandan López Campa y Bruno Bichir al Congreso de la Unión crear comisión que atienda contaminación del Río Sonora

Por: Guillermo Pimentel Balderas

La comunidad Bacum de la etnia de los Yaquis (Sonora), ha visto perturbado su modo de vida y convivencia con la obra de instalación del Gasoducto sobre sus Centros Ceremoniales y poblaciones, y ni las autoridades federales ni locales, han podido evitar que la empresa contratista –propiedad de Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda- continúe su construcción.

“La Comisión debe abrir espacios de diálogo con autoridades y empresas, y buscar la reubicación del gasoducto por la parte norte de la zona Yaqui y además negociar un porcentaje de utilidad a las comunidades yaquis, que represente un beneficio real para la población”, puntualizaron Armando López Campa y Bruno Bichir, en conferencia de prensa.

Asimismo, demandaron establecer una mesa de diálogo para la reubicación del gasoducto que se construye sin el consenso de las etnias yaquis en aquella entidad, a efecto de detener la degradación del medio ambiente, proteger el patrimonio cultural de México y a favor de la salud de la población.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la ALDF, Armando López Campa y el diputado constituyente de Morena, Bruno Bichir, hicieron énfasis en que sin políticas claras que regulen la normatividad de las actividades industriales y de servicios que degradan, devastan y alteran los ecosistemas naturales en el estado de Sonora, las substancias tóxicas vertidas al río Sonora, han dañado la biodiversidad del río, deteriorando las tierras del cultivo, y privado de agua potable alrededor de 30 mil familias a lo largo del cauce, y a una tercera parte de las familias de la ciudad de Hermosillo que es suministrada por la presa El Molinillo.

López Campa, luego, en tribuna durante la Sesión Ordinaria de la ALDF, criticó duramente la tibieza de las dependencias federales para detener las agresiones en derechos humanos y en el ecocidio de las tierras Yaqui por parte de la empresa que encabeza el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Recordó que el 6 de agosto de 2014, una falla en las tinajas de la mina Buenavista del Cobre provocó un derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el Río Sonora, lo que provocó que fueran contaminados el arroyo Tinajas, el río Bacanuchi y el río Sonora, además de siete municipios en los cuales viven más de 24 mil personas que se quedaron sin acceso al agua potable, agravados además por el cierre de 322 pozos.

Aseguro que ante esta insuficiencia observada por los afectados por el derrame, pobladores emprendieron acciones legales tanto individuales como colectivas, con las que buscan el resarcimiento de los daños.

Remarcó que la SEMARNAT determinó que derrame de desechos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora podría representar el peor desastre medioambiental en México.

Por su parte, la CONAGUA reconoció que en los ríos afectados se encontraron substancias tóxicas como arsénico, cadmio, cromo, plomo, cobre, aluminio y fierro, por encima de la norma ecológica y de salud humana, mientras que la PROFEPA ordenó a la empresa minera limpiar el producto del derrame en el cauce de ambos ríos afectados.

A dos años del derrame de ácido por parte de una minera del Grupo en el México en el Río Sonora, los afectados acusan que los daños persisten y que las acciones de remediación han resultado insuficientes, por lo que promueven acciones colectivas para forzar a la empresa a reparar el medio ambiente y a indemnizar a quienes han visto mermada su salud y actividades productivas.

“Por ello, es indispensable que el Congreso de la Unión constituya una Comisión amplia y plural integrada por legisladores, funcionarios, especialistas y ciudadanos para que supervisen el cumplimiento de los acuerdos alcanzados para detener la degradación del Medio Ambiente ocasionados”.