Cinco años de mando militar determinará quién gobernará México

“Tener cinco años el mando militar estaría hablando inclusive de poder decir que el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos seis años en este país; me niego a poner esto como una antesala”.

Fue la sentencia brutal de la diputada federal de Morena Tatiana Clouthier, tras advertir que la bancada de Morena no votará en bloque a favor de tal iniciativa promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este fue el primer encontronazo en torno a las audiencias públicas que se realizan en la Cámara de Diputados sobre la instauración en México de una Guardia Nacional con un mando militar en sus primeros 5 años de existencia.

La legisladora aseguró que si el dictamen se aprueba como está, el mando militar no debe estar por más de tres años. “No hay miedo a los militares, sino un agradecimiento enorme a lo que hacen en muchas tareas; pero eso no quiere decir que no existan datos duros de lo que pasa cuando cada uno se dedica a lo que no le corresponde”.

El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo a su vez que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no puede volverse la instancia que investigue, sancione y prevenga los delitos que cometan los civiles. “No podemos depositar la garantía de los derechos en órganos o estructuras militares”.

El ombudsman nacional se inclinó por la conformación de una fuerza de seguridad intermedia, de carácter civil, con disciplina y adiestramiento especializado, que sea un elemento que coadyuve en el proceso de transición entre la intervención militar directa y que las policías civiles recuperen las funciones que le corresponden.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó que el mantenimiento del orden público interno debe estar reservado a los cuerpos civiles.

No obstante, dijo que “cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario”.

Añadió que el dictamen no brinda garantías de no repetición de violaciones a los derechos, como ha sucedido en el pasado, y remarcó que la fusión de la Policía Federal con las fuerzas castrenses debilitaría la posibilidad de robustecer a las corporaciones civiles.

En tanto, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que la creación de la Guardia “sí implica la constitucionalización de la militarización del país”.

La intervención de los militares en tareas de seguridad debe ser excepcional, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles y fiscalizada por órganos también de naturaleza civil, explicó.

Tatiana Clouthier señaló que se deben fortalecer las policías locales “y no porque tengamos la coadyuvancia del Ejército, tengamos que hacer una modificación constitucional de la que después nos tengamos que arrepentir”.

“No hay miedo a los militares, sino un agradecimiento enorme a lo que hacen, pero eso no quiere decir que no existan datos duros de lo que pasa  cuando cada uno se dedica a lo que no le corresponde”

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunciaron en contra de la creación de la Guardia Nacional.

El ombudsman dijo: “La Guardia representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos, con una visión coyuntural y de corto plazo. Genera el riesgo de que se vulneren los derechos humanos”, afirmó.

En su oportunidad, Alejandro Madrazo Lajous, coordinador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), manifestó que el dictamen que crea la Guardia Nacional socava el régimen constitucional y el federalismo; y no funcionará para brindar seguridad, pues la militarización exacerba la violencia.

En tanto, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró que la propuesta de militarizar la seguridad pública tiene repercusiones en el sistema político, por lo cual es necesario que se promueva la prevalencia del poder civil sobre el militar.

“Me parece grave que en lugar de aceptar que se está militarizando, se nos quiera engañar; es ofensivo que esta militarización legal, presupuestal y operativa ahora se venda como un proyecto de desmilitarización”, expresó.

EXIGENCIAS:

• Mando civil o permanencia del militar sólo 3 años.
• Fortalecer policías locales.
• Que Sedena no investigue, sancione y prevenga los delitos civiles.
• Crear una fuerza de seguridad intermedia, de carácter civil, con disciplina y adiestramiento especializado.

Organizaciones civiles denunciaron que las audiencias en torno a la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados “son una simulación y una farsa”, porque la decisión de militarizar el país ya fue tomada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una docena de integrantes de OSC se manifestaron en la puerta de acceso al Salón de Protocolo de San Lázaro, debido a que el equipo de seguridad no les permitió el paso para participar, pese a que la diputada de Morena Tatiana Clouthier los invitó.

En medio de la protesta, Elena Degollado, de Conciencia y Libertad Ciudadana (CLC), advirtió que crear este cuerpo de seguridad implica la pérdida de garantías individuales, al señalar que

“Es lo mismo o un poquito peor que la Ley de Seguridad Interior, porque es militarizar al país y romper con todos nuestros derechos”, dijo.

“No importa quién esté en el gobierno, en el poder, seguimos haciendo farsa de todo”, reprochó.

Por último, se pronunció en contra de un país militarizado, porque “vamos a estar como Venezuela o Brasil, donde nunca quitaron estos mecanismos.

La creación de la Guardia Nacional podría perpetuar la presencia de las fuerzas armadas en las calles, estrategia que no ha disminuido la violencia en el país y, por el contrario, ha propiciado un incremento en la crisis de impunidad y violaciones a los derechos humanos.

La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) y el colectivo #SeguridadSinGuerra presentaron por separado varios casos de abusos en los que han incurrido militares y marinos en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, y señalaron los riesgos que para las garantías ciudadanas implicaría mantenerlos en labores de seguridad pública con aval constitucional.

En el informe Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados, elaborado por Wola, se acreditó que la utilización de entrenamiento militar de los efectivos que participan en las tareas de seguridad pública han tenido graves consecuencias.

Maureen Meyer, directora para México y los Derechos de Migrantes de Wola, subrayó que es preocupante que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté determinado a profundizar la militarización de la seguridad pública que ha marcado las políticas de seguridad en el país durante más de dos décadas.

Meyer remarcó que las autoridades civiles tienen un pobre historial en lo que respecta a la investigación de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares. Estadísticas oficiales muestran que entre 2012 y 2016, 96.8 por ciento de los abusos militares investigados por la Procuraduría General de la República permanecieron impunes.

En un artículo difundido por la agrupación, Meyer señala que la presencia de los militares en las calles ha generado graves violaciones a las garantías fundamentales. De 2007 a 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 148 recomendaciones contra las fuerzas armadas por casos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, uso ilegal de la fuerza, entre otros abusos.