Condusef enmienda dictamen al Senado

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) cuestionó gravemente un dictamen emitido por el Senado de la República, con el que literalmente embarga el salario de los trabajadores que solicitan un préstamo con el respaldo de sus ingresos de nómina.

En un largo comunicado emitido este martes, advierten que ante todo deben tutelarse los derechos de protección al salario del trabajador y por tanto, el dictamen aprobado en el Senado, contiene vacíos e inconsistencias que deben solventarse para proteger al trabajador usuario de los créditos de nómina.

La Ley debe proteger al usuario del sobreendeudamiento sobre sus ingresos netos, sentenciaron y recordaron que el 22 de marzo de 2022, el entonces Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló su desacuerdo con la reforma legal relacionada con el “crédito a la nómina con cobranza delegada”, refiriendo el efecto práctico de embargo al salario de los trabajadores y la posibilidad de que pudiesen apropiarse de la nómina del trabajador.

Desde entonces, señaló puntualmente que el gobierno no debe prestarse a convalidarlo. La iniciativa quedó suspendida en el mes de marzo de 2023. No obstante, desde la presentación del Dictamen en el Senado, hemos planteado consideraciones dirigidas a proteger los intereses de los trabajadores-usuarios de los créditos de nómina con cobranza delegada, que actualmente operan al margen de cualquier disposición.

En particular, respecto del dictamen aprobado hemos señalado que:

1. Es contrario al principio de progresividad establecido en el artículo 1° Constitucional, en el cual se
   establece que los derechos no pueden limitarse, restringirse, eliminarse o desconocerse
   (regresividad) de forma alguna en perjuicio de los ciudadanos, siendo que éste contiene
   disposiciones que van en contra de lo previsto por los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del
   Trabajo y 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (tope de endeudamiento
   del 30%), así como los criterios del Poder Judicial que tutelan los derechos de protección al salario
   del trabajador.
2. Crear la libranza con carácter de irrevocable la convierte prácticamente en una tienda de raya financiera, ya que es una medida que limita totalmente la posibilidad de que los usuarios cambien de institución o tipo de crédito convirtiéndose en una, si éste no resulta conveniente, o bien, encuentran otro esquema de refinanciamiento más benéfico, independientemente de que la diferencia en tasas sea mucha o poca.
3. Siempre hemos dicho que la capacidad de endeudamiento de una persona no debe exceder el 35% de su percepción o ingresos netos, de ninguna forma sobre sus ingresos ordinarios o brutos. La percepción neta es en realidad el margen estricto de maniobra y de gasto que tienen los ciudadanos para subsistir. Reiteramos que, cuando una persona compromete más allá del 35% de su ingreso neto, tiene un alto riesgo de impago y, como consecuencia, conflictos económicos, familiares y personales, producto de un sobreendeudamiento.
4. El sobreendeudamiento al que ha estado expuesta una parte considerable de los empleados del sector público a nivel federal, estatal y municipal, ha propiciado que un alto número de trabajadores reciban cantidades muy por debajo del nivel de subsistencia, lo que genera un severo problema social, de sobrevivencia, así como un total desinterés por las labores que se desempeñan en el servicio público.
5. No menos importante es señalar que el Costo Anual Total (CAT) promedio que ofrecen las instituciones financieras denominadas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (SOFOM, ENR), conocidas coloquialmente como “nomineras”, exceden las tasas de interés que por créditos de nómina o créditos personales ofrecen otros agentes del sistema financiero mexicano, por ejemplo, los bancos.
6. Es importante resaltar que las “nomineras” han otorgado créditos a trabajadores cuyo riesgo crediticio es bajo, ya que la fuente de pago está garantizada a través del propio salario del trabajador, por lo que no se justifican las altas tasas de interés.
7. Prevé obligaciones excesivas para los patrones, entre los que se encuentran los gobiernos federal, estatales y municipales, para dar aviso en 24 horas respecto de la disposición de los recursos del crédito a los acreditados (trabajadores) y acreditantes (Instituciones Financieras), convirtiéndose en depositarios y obligados solidarios con todos los efectos legales correspondientes, además de la responsabilidad de registrar contratos.

8. Se contempla la posibilidad de refinanciar los adeudos de los trabajadores acreditados, lo cual podría generar que el costo de los créditos se incremente y resulte exorbitante, ya que se trata de una nueva obligación.

Finalmente, seremos respetuosos de las decisiones del Poder Legislativo, pero debemos señalar con claridad los serios inconvenientes y posibles afectaciones a la economía de los trabajadores, de autorizarse un esquema legal que, si bien regula, no lo hace de forma equitativa y salvaguardando el interés primordial de los usuarios de servicios financieros, en este caso la economía familiar de los trabajadores.