Se empieza a deshebrar Pacto de Impunidad

De acuerdo con testimonios de tres elementos operativos del Cártel de Sinaloa a la reportera Paulina Villegas, autoridades estatales se aliaron con esta organización para ganar las elecciones del 2021, apuntalar el control territorial y enriquecerse.

“Estamos conectados por todas partes, desde arriba”. Uno de los entrevistados, de 28 años, dijo que trabaja con el cártel desde que tenía 13, y contó al NYT cómo esa cooperación del gobierno estatal se extendió a algunos miembros del Ejército.

Este sistema incluía acuerdos económicos con autoridades para facilitar el tráfico de drogas y armas, así como la entrega de rivales por parte de fuerzas del orden, revela un reportaje publicado por The New York Times.

El reportaje documenta la existencia de una “arquitectura invisible de protección” dentro de distintos niveles del gobierno sinaloense que habría permitido al Cártel de Sinaloa operar desde 2021 con amplio margen de impunidad.

Pese a “más de 200 informes documentados de intimidación armada, robo de papeletas y secuestros de candidatos”, las autoridades electorales validaron los resultados.

A cambio, el gobierno estatal habría permitido la operación del cártel mediante la colocación de funcionarios corruptos en distintas áreas de seguridad. “El pacto con las autoridades funcionaba así”,

Los miembros del cártel describieron el uso de palabras clave para atravesar controles de seguridad, así como la colaboración directa de agentes en operaciones criminales.

“Los agentes llevaron a cabo arrestos selectivos, rastrearon a nuestros rivales y nos los entregaron y, en algunos casos, participaron directamente en operaciones del cártel”, según los entrevistados.

Incluso, algunos miembros del grupo criminal afirmaron haber participado en redadas oficiales vestidos con uniformes. Policías locales y estatales actuaban como “colaboradores fiables”, realizando arrestos selectivos, rastreando rivales.

“Las fuerzas policiales locales en Sinaloa han servido efectivamente como guardaespaldas para los líderes del narcotraficante”, afirmó Guillermo Valdés, exjefe de inteligencia federal al NYT y actual articulista de La Aurora.

El reportaje también describe la existencia de un sistema de sobornos extendido a distintos niveles de gobierno y fuerzas armadas. Entregaban dinero en efectivo a mandos policiales y funcionarios. En retenes militares se permitía el paso de cargamentos tras mencionar claves como “verde, R8, delta”.

“Dos de ellos recordaron escoltar a los pagadores de los cárteles mientras entregaban bolsas de dinero estadounidense a mandos policiales y altos funcionarios estatales, incluido un exjefe de máxima seguridad”, dice el testimonio recopilado por el diario.

El acuerdo se ha debilitado debido a una guerra interna entre las facciones “Chapitos” y “Los Mayos” y a la represión de grupos criminales por parte de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este contexto, especialistas señalan que la infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales ha sido un factor clave para su expansión.

En Culiacán, muchos residentes celebraron la acusación estadounidense contra Rocha y los demás funcionarios como un ajuste de cuentas largamente esperado.

Pero los trabajadores del cártel dijeron que perder la protección estatal que tenían con el gobernador con licencia, podría suponer un golpe fatal para su facción dentro del cártel. “Esto podría ser nuestro final”, dijo uno.

En específico habló de la acusación contra Rocha en Estados Unidos y lo explicó así: “Cuando tienes un grupo que existe fuera del Estado, y es más fuerte que el propio Estado, es imposible que el Estado exista sin nosotros”, sentenció el criminal.