Confían ciudadanos capitalinos en poder Judicial para superar corrupción e impunidad en Ciudad de México

• Acusan Vecinos de Santa Úrsula Xitla y de varias colonias circunvecinas de la Delegación Tlalpan, contubernio de funcionarios del GCDMX contra conservación patrimonial y ambiental

Por Guillermo Pimentel Balderas

En conferencia de prensa, Vecinos de Santa Úrsula Xitla y de varias colonias circunvecinas de la Delegación Tlalpan, acompañados por abogados jurídicos y especialistas en Derechos Humanos, acusaron directamente a Miguel Ángel Mancera y a sus funcionarios de ir en contra de la conservación patrimonial y ambiental de la Ciudad de México.

Específicamente, se quejaron de ser afectados por la construcción del Centro Comercial Patio Tlalpan, que se levanta –con un avance del 90 por ciento- en lo que fuera la clínica San Rafael.

Lamentaron la falta de voluntad política y contubernio, tanto de la Jefa Delegacional Claudia Sheinbaum Pardo –del partido Morena-, como del Jefe de Gobierno local Miguel Ángel Mancera y sus colaboradores en Seduvi, Sedema, Semovi, Sacmex y Espacio Público.

Todos, aseguraron, han violado acuerdos, inclusive internacionales, que los obligan a consultar a los pueblos originarios sobre la edificación de cualquier obra de grandes proporciones en su territorio, y que a la fecha hay 20 colonias que van a ser afectadas en su movilidad, principalmente, entre otros servicios.

Demandaron un alto a la impunidad y la corrupción, pues como ejemplo contundente señalaron que han permitido a un cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, “atentar contra programas de conservación patrimonial y ambiental, y permitir la destrucción del patrimonio histórico y cultural de la delegación”.

Además, de autorizar la imposición de una estructura comercial en un entorno residencial, con poca capacidad hídrica y serias dificultades viales, sin tener todos los permisos debidamente autorizados, y que demostraron con documentos que presentaran durante la rueda de información.

A pesar e la impunidad que se respira en la capital de la república, dijeron confiar en el poder judicial, en lo particular en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues consideraron que poco hay por creerles a los funcionarios del GCDMX y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

A pesar de que el camino ha sido largo, indicaron que seguirán en la lucha por defender los derechos fundamentales que tienen como ciudadanos, así como los que tiene la Ciudad de México y la nación.

La empresa en cuestión es el Grupo México Ratail Properties (MRP), de la que ss presidente, Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, que construye un centro comercial con una superficie de 101, 378.04 metros cuadrados y 1, 580 cajones de estacionamiento en un sótano, en lo que fue la Antigua Clínica San Rafael, en Tlalpan.

La autorización la dio – como siempre-, Felipe de Jesús Gutiérrez, de Seduvi; quien autorizó en principio un edificio de 7 niveles. Pero -como ya se sabe cómo actúa este funcionario-, después vino una serie de irregularidades y autorizaciones ilegales, también, por parte de otras autoridades locales como Héctor Serrano, de Semovi; Tania Müller, de Sedema;        , de Sacmex, y         del Espacio Público, en contubernio con la delega de Morena, Claudia Sheinbaum.

Fue Felipe de Jesús el artífice de esta corrupción, pues se encargó de presionar a otras dependencias para que se aceleraran los trámites y autorizarán la construcción de la obra, sin haber insultado a los habitantes y violando las leyes que garantizan la protección de este espacio.

Esto, igual como procede en otras obras como lo son los conjuntos habitacionales, que a diestra y siniestra da el visto bueno para su construcción, mintiendo a los vecinos y a legisladores.

A las irregularidades de la citada obra en Tlalpan, se suma la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento territorial (Paot), a cargo de Miguel Ángel Cancino, quien en 2013 reconoció que la obra en cuestión traería serias complicaciones viales, por el impacto ambiental que generaría.

Reforzaron su preocupación, subrayaron, cuando en 2015 solicitaron al Instituto de Ingeniería de la UNAM un estudio de tráfico vehicular, el cual recomienda que la Secretaria de Movilidad –a cargo e Héctor Serrano- emita una opinión técnica desfavorable al proyecto de la empresa del cuñado de Salinas de Gortari.

Además, el INBA no cuenta con solicitud alguna para la demolición de dicho inmueble histórico.

Sin embargo, en principio, la delegación Tlalpan otorgo una autorización de construcción Tipo C y Seduvi aprobó la segunda demolición parcial del predio, lo que solo dejo la fachada del inmueble y dio paso a la destrucción de toda la capilla.

“Los pueblos originarios contamos con los documentos y títulos primordiales del Siglo XVI, a través del códice de San Agustín de las Cuevas fechado entre 1532 y 1537, donde se reconoce la historia de Tlalpan y se le nombra defensores de ese territorio”, expusieron los quejosos.

Más adelante, exigieron al gobierno de Mancera y a sus distintas dependencias “dejen de defender privilegios económicos de unos cuantos y protejan el patrimonio cultural, histórico t y artístico de neustros pueblos”. Demandaron la cancelación inmediata de la obra.

“Confiamos en los criterios de protección a los derechos humanos que están obligados a seguir todos os jueces y ene este caso, la participación de un juez federal nos da confianza de que sea sensible ante este reclamo”.

Esto, tras haber puesto un juicio de amparo ante el juzgado décimo sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.

En la rueda de prensa participaron: el portavoz de los vecinos Javier Méndez Guzmán, Margarita Guevara, actora en el Juicio de Amparo y los abogados Rolando Cañas y Octavio Martínez Camacho.

Cabe señalar que parecida situación enfrentan los vecinos de la colonia Agrícola Pantitlán, Iztacalco, ante la construcción irregular –a decir de Seduvi-, de un conjunto habitacional en Calle 7 Número 250, que tiene todo el apoyo del delegado Carlos Estrada, y por supuesto del gobierno de la CDMX y de la mayoría de integrantes de la ALDF.