Dictan en Veracruz, 1 año de prisión preventiva a jueza; es “inconvencional”: CIDH

Xalapa, Ver. Un año de prisión preventiva justificada a la jueza Angélica Sánchez Hernández dictó un juez de control en esta entidad, por su presunta responsabilidad en delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Sin embargo, su situación jurídica se resolverá en la audiencia del próximo 21 de junio.

Los delitos que se le imputan no están considerados “en el Código Nacional de Procedimientos Penales” ni la Constitución para aplicar la prisión preventiva oficiosa; su detención de llevó a cabo por encima de un amparo existente y abierta violación a la soberanía de la Ciudad de México.

Ante esta serie de irregularidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que hay “inconvencionalidad” en la aplicación en automático de esta medida cautelar pues va en contra incluso de otras resoluciones de Tribunales Colegiados.

Ricardo Aguilar, abogado de la jueza, lamentó la determinación de mantenerla en prisión. Sin embargo, aunque había solicitado que la comparecencia inicial fuera pública para legalizar su detención y determinar las medidas cautelares, el juez de control Roberto Santos Maldonado determinó realizarla a puerta cerrada.

Gustavo Gómez, hijo de la jueza rechazó que su madre estuviera prófuga “¿cómo va a estarlo si se le vio en un acto público en el Senado de la República?” Por tanto, acusó a la fiscalía de Veracruz de actuar por encima de la ley y en un arresto con violencia.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz incurrió en irregularidades. “Tememos por su vida, ya vimos cómo actúa la fiscalía, mi mamá estaba amparada, y no había porqué hacer esto”. De hecho, la jueza tenía programada una reunión con la ministra de la Suprema Corte, Norma Piña.

Su defensa reveló que estas acciones son parte de una represalia por haber liberado a Itiel Palacios García, alias “El Compa Playa”, mencionado como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación y considerado generador de inestabilidad por la autoridad estatal.