Empieza la rebelión; 12 gobernadores vs “Super Delegados”

Un grupo de 12 gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) calificó como inaceptable que, en materia de seguridad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intente supeditar a las autoridades locales a través de coordinadores estatales.

En un desplegado, señalaron que la condición esencial del funcionamiento de un Estado federal es la coordinación, la colaboración y la ayuda subsidiaria entre los órdenes de gobierno.

En ese sentido, se manifestaron a favor de “construir con el nuevo gobierno instituciones sólidas y políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, erradicar la corrupción, mitigar la desigualdad y restaurar la convivencia pacífica en nuestras comunidades”.

Los gobernadores son: Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Francisco Arturo Vega de Lamadrid, de Baja California; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Antonio Echevarría García, de Nayarit; José Antonio Gali Fayad, de Puebla; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas y Mauricio Vila Dosal, de Yucatán.

Si bien reiteraron su disposición para trabajar con el próximo gobierno, aclararon que “la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar”.

“El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región. Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa. No se imponen desde el centro“, añadieron.

“Nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados ‘Coordinadores Estatales’ del Gobierno Federal, y colocar a los gobernadores y fiscales de los estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”, agregaron.

Destacaron la importancia de fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el esfuerzo del Estado mexicano en esta materia se oriente a objetivos claros, transparentes, medibles y evaluables.

Aunque reconocieron la contribución que las fuerzas armadas mexicanas realizan todos los días por la seguridad de los ciudadanos y dijeron estar de acuerdo con que continúen con esa labor, consideraron que sólo deben participar “en circunstancias especialmente apremiantes que pongan en riesgo la soberanía e independencia nacional, la continuidad del orden constitucional, la integridad del pacto federal, la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos”.

“La función de las fuerzas armadas no es la de primeros respondientes, sino el último recurso del Estado para preservarse. Los primeros respondientes somos quienes fuimos votados por los ciudadanos para velar por su tranquilidad. No podemos pedir mas a las fuerzas armadas de manera indeterminada, si de la mano no trazamos una ruta de mejora de las policías civiles federales y, especialmente, estatales y municipales”, subrayaron.