EPN a gobernadores: hagan su trabajo; fuerzas federales no están para suplir ni remplazar     

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Durante la 40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, efectuada ayer en Palacio Nacional, el presidente Peña Nieto anunció una nueva estrategia integral para actuar en los 50 municipios del país de mayor incidencia en los delitos de alto impacto y determinantes en el repunte del índice de homicidios dolosos registrado este año.

El titular del Ejecutivo federal hizo un nuevo llamado a los gobernadores del país para ocuparse del problema de la seguridad pública con sus propias corporaciones, porque las fuerzas federales –insistió- actuarán invariablemente de manera subsidiaria y temporal, pero no para suplir ni remplazar a las policías locales.

En esta sesión, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que las instituciones federales han empleado todas sus capacidades, sin escatimar ni condicionar apoyos, para combatir el fenómeno delictivo a lo largo y ancho de la geografía nacional. Exhortó a los gobernadores a corregir las deficiencias operativas en la implementación a fin de evitar que se genere una percepción de impunidad sobre el nuevo modelo de justicia penal.

Pero mientras esto sucedía en Palacio Nacional, un grupo de 20 hombres, armados con rifles Ak-47 y R-15, secuestraron a un Regidor y a cuatro personas más en la comunidad de San Miguelito, del Municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, en la región de Tierra Caliente,

México es uno de los 30 países con mayor impacto económico por violencia, según el índice de Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. Al presentar el documento en la Ciudad de México, Patricia de Obeso, representante del Instituto, explicó que se toman en cuenta impactos directos e indirectos para medir la re percusión financiera de la violencia.

La desaparición de más de 28 mil personas, en medio de una total impunidad, evidencia la falta de capacidad y voluntad del gobierno mexicano para dirigir investigaciones realmente eficaces, denunciaron diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos con presencia y reconocido trabajo en el país.

La CNDH llamó al presidente Enrique Peña Nieto a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, a fin de recibir y examinar peticiones individuales por este delito, como un acto de congruencia entre la política interior y exterior del país.

En un pronunciamiento en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas -30 de agosto-, el organismo nacional también pidió reconocer la existencia de este flagelo y sostuvo que un solo caso representa un “reto ineludible” para el Estado mexicano, cuyas instituciones de investigación y procuración de justicia son puestas a prueba ante la ciudadanía y el concierto internacional en el que México está incluido.

Al conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, cientos de familiares de mexicanos desaparecidos se manifestaron en Coahuila, Veracruz, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas. En Torreón, Coahuila, 30 familias del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción se plantaron en el panteón de la ciudad, donde reclamaron exhumar 458 cuerpos enterrados en últimos años.

El Estado mexicano ha pagado 311 millones de pesos a deudos de desaparecidos según cantidades fijadas por jueces. Sin embargo, hay casos que se han quedado sin reparación total para los afectados

El hospital comunitario de Nochixtlán vivió el pasado 19 de junio como si se encontrara de pronto en medio de una guerra. Casi ocho horas de balaceras dejaron más de un centenar de heridos en los alrededores. Con 12 camas disponibles, 5 enfermeros y dos médicos de turno, el nosocomio recibió 45 heridos de bala; 4 de ellos murieron en el lapso de dos o 3 horas.

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aseguró que su partido estará muy atento de la información que surja sobre las investigaciones en curso por la separación del comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos.

En conferencia de prensa, tras inaugurar los trabajos de la tercera reunión plenaria de los diputados del PRI, Ochoa Reza confió en que el nombramiento de Manelich Castilla, en sustitución de Galindo, signifique un espacio para cumplir con los protocolos establecidos para el uso de la fuerza pública con respeto a los derechos humanos.

Manelich Castilla Craviotto, comisionado general de la Policía Federal, afirmó que no se pueden desestimar los éxitos que ha tenido la corporación a su mando ya que, aseguró, en una semana los agentes federales realizan más de 10 mil operaciones, “y basta con que una de ellas no salga conforme a lo esperado para que esto sea nota”.

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