Gobiernos estatales, fuentes de cacicazgos y corrupción

LA RED SOCIAL. 14 de julio.- Sumidos en la ola del escándalo que siempre viene después de cada elección estatal, los gobiernos de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, siguen inmersos en el mar de “hallazgos” que, a toro pasado, han encontrado los partidos políticos una vez que terminó cada administración.
El endeudamiento con el que deja la actual administración a Chihuahua, a cargo de César Duarte, representa 200% de sus participaciones, pero además el gasto de inversión en proporción al gasto total ha ido bajando, lo cual puede sugerir que ha crecido el gasto corriente de manera importante, refirió Mariana Campos, investigadora del centro México Evalúa.
En tanto, el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, afirmó ayer que las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la PGR ante la Corte contra los blindajes a modo, es un tema técnico.
Este jueves, dijo, se reunirá con la titular de la PGR en la Ciudad de México. “Hablé con la Procuradora (Arely Gómez). Son dos puntos de la iniciativa del Tribunal de Justicia Administrativa; lo platiqué con el subprocurador Sandoval también, e inclusive el consejero jurídico estará en una reunión con él, y los puntos que ellos nos digan sobre la creación del Tribunal de Justicia Administrativo, se tendrán que trabajar”,
Sin embargo, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina, enfrenta ya una demanda de juicio político por desvío de los recursos provenientes del Impuesto al Hospedaje. El monto que se le imputa es de 1,464 millones de pesos correspondientes al 2014 y al 2015.
En Veracruz, el sector social es el más afectado por la irregularidad en el manejo de recursos públicos en la entidad, mermando las necesidades básicas de la población en materia de bienestar. El monto total es de 43 mil 554 millones de pesos.
En medio de este mar agitado, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, dijo que sólo con pruebas contundentes se procederá a sancionar. Asegura que están siendo fortalecidas las condiciones de imparcialidad para castigar conductas de servidores públicos y que no habrá intocables en México.
Cuando se brinda la justicia adecuada, dice, se disminuyen los elementos de impunidad o de indebido ajuste de cuentas.