HISTÓRICO: PGR VA TRAS 35 AGENTES ADUANALES

SIC Media.- La PGR investiga a por lo menos 35 agentes aduanales vinculados a lavado de dinero.

Hasta el momento, por orden del Ministerio Público Federal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya canceló la firma electrónica de 35 agentes aduanales, para que mientras sean investigados no puedan autorizar operaciones en las aduanas del país.

En tanto, en México han sido capturados o eliminados 92 de los 122 objetivos del narcotráfico en México.

Los Zetas figuran como la organización que mayor número de golpes ha recibido por parte del gobierno federal desde 2009.

Con la detención de Ornar Treviño, el Z-42, la organización acumula 24 capturas que, sumadas a los cinco abatidos, da un total de 29 personas desactivadas, con lo que prácticamente quedó desarticulada la estructura de Los Zetas.

Sin embargo, las jugosas recompensas que ofrece la PGR ha sido objeto de rapiña entre sus funcionarios.

Una serie de audios revela la operación de una red de  funcionarios de la  PGR y presuntos informantes que tranzan con los recursos del programa de recompensas de la propia dependencia.

Las grabaciones telefónicas,  ponen en evidencia que las gratificaciones que paga la PGR a cambio de información que ayude a detener criminales son negociables y repartidas entre personas coludidas con empleados de la dependencia federal.

Cd.Juárez.- Óscar Eduardo Vargas Romo, alias “El Negro”, presunto líder del Cártel de Sinaloa en el Valle de Juárez, es responsable de la masacre de 10 personas ocurrida en el 2013 cuando festejaban un campeonato de béisbol en Loma Blanca, informó el Fiscal General del Estado, Jorge González Nicolás.

MEDINA MORA AHORA COMO JUEZ, REVISARÁ EL ARRAIGO

Eduardo Medina Mora asume hoy el cargo de ministro de la Suprema Corte y en tan sólo unos días tendrá que afrontar el primer asunto, de muchos, en el que esté ante un posible conflicto de intereses por su actuación como procurador general de la República de diciembre de 2006 a septiembre de 2009. Por primera vez, el máximo tribunal analizará si el arraigo es una figura jurídica violatoria de los derechos humanos o no.