Justicia lenta: tribunal federal ordena crear nueva Comisión de la Verdad

MÉXICO. 05/06/18.- Cuatro años después, bajo un mar de expedientes y luego de que incluso la ONU ha emitido opiniones al respecto, ahora fue un grupo de magistrados federales quienes, desde Tamaulipas, ordenaron crear una nueva Comisión que investigue el caso Ayotzinapa

El Tribunal Colegiado de Tamaulipas determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para resolver el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa ante las graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente,

Los magistrados pidieron al Ministerio Público entregar dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con el Protocolo de Estambul. En caso de no cumplir, se determinará que las confesiones e imputaciones en contra de inculpados fueron obtenidas mediante tortura.

De ocurrir esto, uno de los principales beneficiados sería Gildardo López Astudillo, conocido como “El Cabo Gil”, acusado de ser uno de los llamados lugartenientes de Guerreros Unidos. La PGR responsabiliza a esa organización delictiva de haber incinerado en un basurero a los 43 normalistas, en septiembre de 2014.

También beneficia a Miguel Ángel Landa Bahena, apodado “El Chequel” o “Duvalín”, Salvador Reza Jacobo y Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, presuntamente pertenecientes al grupo delincuencial Guerreros Unidos.

La PGR anticipó que impugnará esta decisión en virtud de que el fallo del Colegiado ocurrió cuando aún estaba pendiente de que se desahogaran pruebas en relación con los alegatos de tortura de los detenidos.

Dicha comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Los magistrados precisaron que los representantes de las víctimas y de la CNDH serán quienes decidan las líneas de investigación y las pruebas a desahogar; además de que podrán validar la incorporación de más organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

El fallo se hizo eco del informe que en marzo pasado presentó en Ginebra el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

Titulado “Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, el reporte asegura que al menos 34 de los acusados por la PGR fueron detenidos de manera arbitraria, torturados y entregados al Ministerio Público Federal más de 24 horas después de su detención. Refiere incluso una ejecución extrajudicial.

Los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Héctor Gálvez y el autor del proyecto, Mauricio Fernández de la Mora, resolvieron cuatro amparos en el mismo sentido.

Si en diez días la PGR incumple, el juez debe desechar las actuaciones de la dependencia a partir de la tortura que alegan los inculpados.

Según los magistrados, “hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

También determinaron que existe la necesidad de cumplir con el derecho humano fundamental de acceso a la justicia de las víctimas; es decir, que los detenidos y procesados por la autoridad sean los verdaderos responsables..