México en el escándalo: Huachicol fiscal, Segalmex y ahora Miss Universo

Jorge Enrique Alberts Ponce, empresario vinculado al desfalco multimillonario de Segalmex, es buscado por la Fiscalía General de la República por su presunta participación en la red de huachicol y tráfico de armas ligada a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.

La orden de aprehensión contra Alberts Ponce, fue librada el 15 de septiembre de este año. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó copia de la misma y reveló además que desde en marzo de 2022, Segalmex otorgó cuatro contratos que beneficiaron a Alberts Ponce.

Los contratos sumaron 6.5 millones de pesos a Acurgen SA de CV, para prestar el servicio de fumigación y sanitización de las oficinas de la dependencia. Esto, pese a que desde el 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había detectado que Acurgen participó en los desvíos de la Estafa Maestra.

En los contratos –firmados en el 2020 durante la gestión de Ignacio Ovalle– Acurgen dio como su domicilio una casa ubicada en el número 350 de la calle de Séneca en Polanco; inmueble propiedad de Julio Antonio de Regil Abdalá, hijo de Julia Elena Abdalá Lemus, esposa del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando Bartlett era director, otorgó diversos contratos a Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. (Seicsa), de la que Jorge Enrique Alberts Ponce es representante legal. Todo esto lo dio a conocer Latinus.

Tras recibir los contratos con Segalmex, Alberts Ponce se asoció con Gregorio Adrián Zamora Flores y Ricardo José Lambretón López Ostolaza –empresario que también participó en el fraude a Segalmex– en Grupo Aura, compañía que desarrolla varios edificios de lujo en Yucatán, como lo reveló MCCI.

Ricardo Lambretón incluso obtuvo un criterio de oportunidad con el que logró que la FGR se desistiera de la acción penal en su contra por su participación en la firma de dos convenios para el procesamiento de leche que, de acuerdo con la Fiscalía, causaron un quebranto de mil 686 millones de pesos a Liconsa.