Morena institucionaliza la “adjudicación directa”

Bajo el eufemismo de “siempre que los proyectos a su cargo sean considerados prioritarios o estratégicos”, el partido Morena y sus aliados aplicaron nuevamente la aplanadora en la Cámara de Diputados, para aprobar una reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, que exenta de trámites y requisitos de transparencia a las Fuerzas Armadas, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por si fuera poco, además, se elimina la necesidad de firmar nuevos convenios cuando aumente el monto o el plazo de un contrato en más del 25 por ciento, como antes lo requería la ley. A partir de ahora, ese margen podrá ser rebasado sin que se modifiquen los acuerdos formales. Los contratistas ahora podrán solicitar hasta un 50 por ciento de ajuste por costos indirectos y de financiamiento, cuando antes solo podían pedir hasta el 25 por ciento.

También se introducen nuevos esquemas de contratación. Entre estos mecanismos se incluyen: Ofertas subsecuentes de descuento: permiten a los contratistas reducir sus precios después de haber hecho una primera oferta; Diálogos estratégicos: abren la puerta para que contratistas y autoridades discutan necesidades, objetivos y condiciones técnicas antes de adjudicar los proyectos.

El panista Héctor Saúl Téllez señaló que los nuevos mecanismos como el “diálogo estratégico” o la “contratación consolidada” pueden facilitar la discrecionalidad: Lo que va a pasar es esto: la Presidenta acaba de anunciar que se van a construir siete hospitales en el país y lo va a hacer a través de un convenio con la Sedena. A estas construcciones no les va a aplicar la Ley de Obras Públicas.

¿Qué quiere decir esto? Que personas como los amigos de los hijos del (ex) Presidente López Obrador van a ser los ganones en los contratos públicos”, declaró. Arturo Yáñez, del PRI, añadió que la reforma no fortalece el sistema de obra pública, sino que institucionaliza la adjudicación directa y debilita los mecanismos de vigilancia.

De acuerdo con los PreCriterios Generales de Política Económica, entre 2025 y 2026 la Secretaría de la Defensa Nacional recibirá más de 236 mil millones de pesos para operar y administrar proyectos estratégicos. De ese total, el 96 por ciento se destinará a trenes de carga y de pasajeros.

Con 355 votos a favor por parte de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano —excepto el diputado jalisciense Hugo Manuel Luna, quien se abstuvo—, y 98 votos en contra del PAN y PRI, la iniciativa fue enviada al Senado para su análisis.

Del PRI, el diputado Israel Betanzos Cortes resaltó que es una propuesta que no solo centraliza el poder sino tiene la intención de beneficiar a unos cuantos. Se dice que es un avance en materia de transparencia y eficiencia en el gasto público, pero es la creación de un nuevo sistema de discrecionalidad y de control absoluto sobre las compras gubernamentales.

Para la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre (MC) la corrupción es un problema severo; por ello, se debe modificar la realidad y el desafío de la nueva ley está en su implementación. “Es una realidad que la corrupción y la impunidad existen y han aumentado, por lo que esperamos que la ley sea la oportunidad para acabar con ello, así como las herramientas y mecanismos que se incorporan”.

Del PAN, el diputado Fidel Daniel Chimal García indicó que el dictamen presenta irregularidades y no contempla un incremento presupuestal para el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), lo que limitará su capacidad para cumplir con sus funciones. Anunció que su grupo parlamentario votará en contra porque no favorece el desarrollo del cooperativismo ni de la economía social en México.

Sin embargo, para el oficialismo, es una ley positiva. Freyda Marybel Villegas Canché, diputada de Morena, aseguró que hoy se está dando un paso firme a la modernización y la transparencia en la contratación pública. Se reafirma el compromiso con la eficiencia, la austeridad y el combate frontal de la corrupción, refuerza los elementos de prevención, control y sanción a los funcionarios, proveedores y establece procesos más ágiles para impugnaciones y resolución de controversias.

Por el PT, la diputada Nora Yessica Merino Escamilla dijo que esta nueva Ley representa la modernización integral en materia de adquisiciones, la democratización real de las compras gubernamentales y la implementación de mecanismos de control que impiden las licitaciones “amañadas” y las adjudicaciones directas sin sentido.