Nuevas leyes de seguridad, una amenaza para la privacidad

El artículo 160 de la ley de la Guardia Nacional establece que, con sólo pedirlo a las empresas de telecomunicaciones y sin orden judicial, podrá intervenir celulares, tener ubicaciones GPS, obtener respaldos de audios, fotos, videos, documentos enviados por esa vía.

Además, las recientes reformas a la Ley General de Población y Ley General de Desaparición Forzada, convertirá a la CURP en el nuevo documento por excelencia de identificación, con todos los datos biométricos como huella dactilar, rostro. Será requerida para trámites oficiales o legales; compras y transacciones financieras.

La reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión establece la creación de un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil y las compañías que prestan el servicio deberán desconectar todos aquellos aparatos que no tengan CURP o identificación oficial como el actual INE.

La más nociva de todas es la Ley de Inteligencia, que interconectará todas las bases de datos, incluidos el Registro Civil, y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, serán proporcionados a las nuevas autoridades de la Guardia Nacional, que deja de ser civil para recaer en un General de División en activo.

Este personaje será designado por el Ejecutivo Federal, pero a propuesta del secretario de la Defensa. La GN podrá intervenir en investigaciones de delitos y de asuntos migratorios. Los integrantes de la GN puedan aspirar a cargos de representación popular, como diputados o senadores, previa licencia.