Reprochan propuesta electorera de AMLO en plena pandemia

La crisis sanitaria y económica que enfrenta México no tiene precedentes en la historia. Exige un liderazgo que promueva no sólo la unidad nacional, sino un gran acuerdo para atender la emergencia económica que se avecina y contener con eficacia el avance de la epidemia de Coronavirus. Sin embargo, el Presidente hoy está más atento a la política electoral.

Esto fue señalado por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano.

Preocupado por la caída de casi 20 puntos en las preferencias electorales de su partido, Morena, el Presidente de la República hoy sugirió que se adelante la consulta de revocación de mandato para que coincida con las elecciones intermedias de 2021. Pareciera que tenemos un Presidente que sigue con mayor atención las encuestas electorales que los indicadores de contagio y letalidad del COVID-19; que sigue con mayor detenimiento y preocupación los escenarios electorales desfavorables para su partido, en lugar de las proyecciones económicas desfavorables para el país.

El Presidente se olvida del texto constitucional que su propio partido aprobó y que él promulgó, donde se estableció que la revocación de mandado no podrá ser coincidente con fechas electorales. Su planteamiento lo único que busca es lanzar un salvavidas a su partido para las elecciones de 2021; su planteamiento demuestra que ya le urge volver a hacer campaña.

El PAN a su vez dijo que el presidente debe dejar de preocuparse por el 2021 y ocuparse en lo que las y los mexicanos necesitan hoy: aliviar su salud, proteger sus empleos y su ingreso.

Por eso, insistimos: urge legislar para que el Senado apruebe medidas económicas de emergencia en materia de salud y economía.

El 9 de abril emplazamos al Senado a sesionar, virtual o presencial. Una vez más Morena dijo NO.

 

Proponemos: 

 

En materia de salud, se disponga de pruebas suficientes para detección del Covid-19, se proceda a la adecuación de hospitales, se cuente con equipo médico suficiente para proteger a personal de salud, así como ventiladores para el escenario de emergencia.

 

En materia económica, establecer el Ingreso Básico Universal (IBU) para emergencias, de 3 mil 207 pesos por mes, como transferencia de apoyo directo de la línea mínima del bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para los trabajadores formales e informales impactados negativamente por la crisis.

 

Además, aprobar prórrogas, apoyos, exenciones fiscales y créditos suficientes a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), para mantener las fuentes de empleos.

En tanto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), junto con las bancadas del PRI, PRD Y MC, presentaron un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las autoridades en materia de salud a nivel Federal y de los Gobiernos locales para que se dote al personal del equipo e insumos necesarios que aseguren su protección, y se intensifiquen las medidas de seguridad en las instalaciones hospitalarias para preservar su integridad física.

La proposición enviada a la Mesa Directiva del Senado, solicita a la Secretaría de Participación y Seguridad Ciudadana y sus homologas en las Entidades Federativas a reforzar la seguridad en las inmediaciones de las instalaciones hospitalarias para velar por la seguridad en la llegada y salida del personal médico.

“A pesar de que el personal de salud se arriesga salvando vidas, en México es víctima de agresiones y carece de medidas de protección. Junto a fuerzas políticas de oposición, presentamos un punto de acuerdo para darles equipo y reforzar la seguridad en los hospitales.”, publicaron en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una nueva iniciativa para reducir al 50 por ciento el financiamiento público para los partidos políticos nacionales y poder reorientar esos recursos a programas de salud y de reactivación de la economía para afrontar los efectos de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La nueva propuesta surge en el contexto de una emergencia sanitaria desatada por la pandemia global del COVID-19, que requiere un reacomodo del gasto público y direccionar los recursos a las áreas que demandan una mayor prioridad para la contención y tratamiento de la pandemia, la cual también ha generado repercusiones en la economía de México y el mundo.

El PAN presentó una contrapropuesta al respecto:

Con el propósito de que las prerrogativas de los partidos políticos se puedan destinar legalmente a la atención de contingencias sanitarias o naturales, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, a nombre de su bancada, presentó una propuesta de su Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por Marko Cortés, a fin de dar respuesta a la demanda ciudadana de empatía, solidaridad y colaboración ante una situación de crisis como la que hoy padecemos.

 

Al argumentar la propuesta que reforma la Ley General de Partidos Políticos, el coordinador de los diputados panistas dijo que con ello se busca sumar todas las capacidades del Estado Mexicano y de los actores políticos hacia la solución inmediata de la pandemia del coronavirus que impacta actualmente a la sociedad mexicana.

 

“Actualmente la normatividad vigente prohíbe que los partidos políticos destinen recursos a actividades distintas a las señaladas e imposibilita que puedan contribuir de manera excepcional con parte de los mismos para hacer frente a contingencias sanitarias como la que hoy padecemos, convirtiéndose en un obstáculo normativo que debe corregirse para adecuar la ley a la realidad actual y a las demandas ciudadanas de empatía, solidaridad y colaboración ante una situación de crisis como la que hoy padecemos”, aseguró.

 

Romero Hicks  afirmó que el principal objetivo de las modificaciones planteadas a la Ley General de Partidos Políticos es dar una alternativa que permita a los institutos políticos utilizar parte de sus prerrogativas en cuestiones prioritarias y ser entes activos de intervención inmediata, concreta y sustancial en las emergencias que pongan en riesgo la vida o la salud pública de la población y mediante la declaratoria correspondiente, como son las de Emergencia o Desastre Natural determinadas por la Secretaría de Gobernación; y siempre bajo la estricta vigilancia y fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).