Severas iniquidades estructurales condicionan salud a mujeres en México

Rurales e indígenas las más afectadas. Un análisis cuantitativo y cualitativo da muestra de cómo  continúan enfrentando una compleja red de barreras sistémicas que limitan, fragmentan o impiden su acceso real y oportuno a servicios de atención médica de calidad. 

Por Guillermo Pimentel Balderas

Durante un foro virtual se presentó el documento “Obstáculos que afrontan las mujeres en México para acceder a los servicios de salud. Análisis cuantitativo y cualitativo” el cual revela las severas iniquidades estructurales que condicionan la salud y la economía de las familias en México.

Asimismo, da muestra  de las dificultades que, no se reducen únicamente a las deficiencias presupuestarias o insuficiencia de infraestructura del sistema de salud pública; se entrelazan profundamente con desigualdades de género estructurales, brechas económicas, roles de cuidados no remunerados y factores geográficos que afectan desproporcionadamente a las comunidades rurales e indígenas.

Durante la demostración del estudio se visualizó que, a pesar de que el derecho a la protección de la salud está garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las mujeres continúan enfrentando una compleja red de barreras sistémicas que limitan, fragmentan o impiden su acceso real y oportuno a servicios de atención médica de calidad. 

Este nuevo documento revela que el 72.1% de los adultos mayores padece alguna enfermedad crónica, mientras que las mujeres en el 85% del país perciben ingresos inferiores al promedio nacional, asumiendo además la carga invisible del cuidado. Además, destaca un acelerado proceso de envejecimiento poblacional en México.

“El grupo de personas de 65 años y más registró un incremento del 21.3% entre 2016 y 2024. Este cambio demográfico viene acompañado de una alarmante carga epidemiológica: el 72.1% de los adultos mayores en México vive con al menos una enfermedad no transmisible (ENT), como hipertensión arterial, diabetes o cáncer”, se describe.

Sin embargo, se especifica que, esta carga no se distribuye de manera justa; las mujeres presentan las mayores tasas de prevalencia en los tres padecimientos analizados. Por ejemplo, en entidades como Durango, Guerrero y Veracruz, la hipertensión arterial llega a afectar a más del 43% de la población femenina de edad avanzada.

El informe complementa que, la dimensión económica del mismo, expone una disparidad extrema en los ingresos de los hogares mexicanos, documentando una brecha de 14 a 1 entre el decil más alto y el más bajo. Mientras que el 10% de los hogares más vulnerables (Decil I) subsiste con un ingreso promedio mensual de apenas 5,598.4 pesos —donde el 42.2% proviene del trabajo directo—, el decil más acaudalado (Decil X) concentra el 30.3% de la riqueza nacional, con percepciones mensuales de 78,697.3 pesos.

Se detalla que, a esta desigualdad económica, se suma una brecha salarial de género: en el 85% del territorio nacional, las mujeres perciben ingresos inferiores al promedio nacional, lo que restringe drásticamente su capacidad financiera para enfrentar contingencias de salud.

Se desprende del escrito que, en promedio, los hogares mexicanos destinan el 3.4% de su ingreso corriente a los “cuidados de la salud”. Del total de este gasto, el 37.86% se pulveriza en la compra de medicamentos y productos sanitarios, seguido por un 35.25% en atención ambulatoria y un 26.88% en servicios hospitalarios.

A nivel regional, se explica que, el gasto relativo en salud varía drásticamente según el contexto geográfico y la suficiencia de los servicios públicos. La Ciudad de México encabeza la lista con un gasto de bolsillo 1.51 veces superior al promedio nacional, explicada por su oferta especializada privada, seguida por Zacatecas (1.36), Querétaro (1.34) y Oaxaca (1.33).

En tanto, en estados como Oaxaca y Zacatecas, la dispersión poblacional y la insuficiencia de la infraestructura médica pública obligan a las familias a destinar una proporción muy importante de sus escasos ingresos a la medicina privada.

El análisis integró una fase cualitativa mediante grupos focales con pacientes y cuidadoras de diversas edades. Los testimonios revelaron que las familias atraviesan un periodo de incertidumbre, confusión y asfixia económica entre la aparición de los primeros síntomas y la confirmación del diagnóstico clínico. Obtenido el diagnóstico, la certidumbre se desvanece rápidamente ante la falta de un sistema formal de apoyo,se establece.

El informe, en una de sus líneas, denuncia que las dinámicas familiares y laborales sufren fracturas profundas, obligando a las mujeres a reorganizar sus vidas por completo para asumir roles de cuidado múltiple (atendiendo simultáneamente a hijos y padres), lo que vulnera su propia salud física y emocional.

Durante su participación en el foro virtual, la Dra. Mariana Medina Morales, quien es la autora del análisis, relató: “La equidad en salud no puede entenderse únicamente desde la infraestructura clínica; está intrínsecamente ligada a las condiciones en las que nuestra población nace, crece, trabaja y envejece”.

Agrega: “Los datos nos demuestran de forma contundente que el gasto de bolsillo en salud golpea de manera desproporcionada a las familias de menores recursos y, de forma sumamente cruda, a las mujeres. No solo enfrentamos una brecha salarial en el 85% de los estados, sino que las mujeres absorben la mayor carga de morbilidad y asumen el rol invisible y no remunerado de cuidadoras primarias”.

Medina Morales, recapitula: “Avanzar hacia la Cobertura Universal de Salud ya no es una opción técnica, sino una urgencia social y ética para romper el círculo vicioso entre enfermedad y pobreza”.

Por su parte, Yahaira Ochoa Ortiz, de la Red de Mujeres por la Salud (REMUSA) hizo un llamado enérgico al Gobierno federal y a las instituciones sanitarias para transversalizar la perspectiva de género en el diseño del Servicio Universal de Salud, advirtiendo que es imposible hablar de equidad sin transformar las estructuras que perpetúan la vulnerabilidad de las mujeres.

“El Estado debe asumir una responsabilidad que empiece por el reconocimiento formal, legal y social de las personas cuidadoras, fomentando la corresponsabilidad de los hombres en estas tareas, y que tal reconocimiento trascienda hacia una flexibilidad institucional con marcos normativos laborales y educativos adaptados a sus realidades”, enfatizó. 

Yahaira Ochoa ponderó la necesidad de mitigar la asfixia financiera inicial mediante la reducción drástica de los tiempos de diagnóstico institucional, concluyendo que “un sistema verdaderamente universal e inclusivo exige integrar por norma la atención psicológica a pacientes como a las cuidadoras, así como visibilizar y reivindicar en el discurso médico aquellos padecimientos crónicos no visibles, para propiciar un trato digno, humano y absolutamente libre de discriminación’, consumó. Moderó Juan Núñez Guadarrama,  coordinador de la Coalición México SaludHable.