Sistema de Salud destrozado; 4T centraliza 734 mmdp del presupuesto

En una involución de por lo menos 40 años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador culminará este año, con la centralización de todos los recursos de salud que administraban los estados y los deja en manos, eufemísticamente, de “la federación”, porque en realidad quedan bajo control del Ejecutivo Federal.

Van 23 estados de la república que aceptaron los cambios en la Ley de Coordinación Fiscal, con lo que literalmente entregan toda la infraestructura hospitalaria, incluido personal, mobiliario y centros de salud a una nueva entidad llamada Servicios de Salud IMSS- Bienestar que manejará 734 mil millones de pesos.

De esta manera se centralizan los servicios de salud, con lo que se regresa al monopolio y centralización de los servicios en el Ejecutivo Federal. Entre los cambios a la Ley de Coordinación Fiscal, existe un convenio que obliga por 30 años a los gobiernos de los estados a entregar servicios al IMSS-Bienestar.

Técnicamente, con esto entregan los recursos del ramo 33, ramo 12 que les llegaba a través del extinto Seguro Popular y la aportación que de por sí la Federación tenía que entregar a los estados. Las entidades que se negaron a firmar los convenios, ya no recibirán dinero para más obras de infraestructura en salud.

Lo más grave es que se quedarán sin recursos para basificar a los trabajadores del sector salud, ni para dar mantenimiento a las instituciones de dicho ramo. Con ello, materialmente ahorcan a los gobernadores y los orillan a entregar tarde o temprano los servicios de salud.

El director de Servicios de Salud IMSS- Bienestar es Alejandro Calderón Alipi, quien pasó de la Ayudantía del Presidente López Obrador, a director de la Coordinación Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del INSABI, en 2020.

Actualmente, Calderón Alipi se encuentra en medio de un escándalo mediático, por presunto tráfico de influencias, por el otorgamiento de licitaciones directas, en 2020, a la empresa Romedic, en la compra-venta-distribución de medicamentos al desaparecido INSABI.

Tan sólo 4 meses después de creada Romedic, empezó a recibir contratos y dinero del gobierno federal y el 21 de mayo de 2020 firmó un contrato por 61 millones de pesos con el estado de Tabasco, con el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, ex aspirante a la presidencia de la República.

Lo más grave de todo esto, es que ya no existe un organismo que revise o regule esta situación dentro del sector salud, ya que el gobierno de López Obrador literalmente despedazó al Consejo de Salubridad General, al eliminar la participación en éste, de la comunidad médica, expertos y universidades.

¿Como anillo al dedo?

Mientras México se encontraba pasmado en 2020 por la pandemia de Covid19, el Gobierno federal publicó un decreto para eliminar la participación de las instituciones educativas y de la comunidad médica, así como de los expertos, en el Consejo de Salubridad General.

Así, eliminó a la UNAM; a todos los vocales del Instituto Politécnico Nacional (IPN); a las Instituciones de Educación Superior, a las academias, colegios de médicos (pediatría, enfermería, salud pública) y por ende, hoy sólo el Ejecutivo Federal toma las decisiones sin objeción alguna.

En suma, el régimen eliminó todos los contrapesos que estorbaban a la 4T. El Consejo de Salubridad General sólo escuchó los dictados de Palacio Nacional y fue una de las razones de que se agravara la pandemia, pues se tomaron medidas desarticuladas y sin coordinación, lo que favoreció la propagación de la enfermedad e incrementó el número de muertes a casi 800 mil.

El Consejo de Salubridad General había sido creado ante la necesidad de que el estado mexicano tuviera un órgano ejecutivo de carácter técnico y auxiliado por los expertos, capaz reaccionar de manera inmediata y eficaz, ante los distintos problemas que se pudieran suscitar en materia de salud.