Todo en uno: tráfico de influencias, simulación de competencia, conflictos de interés

Entró a trabajar a la Secretaría de Gobernación como director de enlace el 10 de octubre de 2022. Once días después de que se incorporó como funcionario, las empresas IBN Industrias Militares (que él fundó), Share y Asociados (en la que ha sido socio) y Blindajes (fundada por su papá y dirigida por su hermana) presentaron propuestas en un procedimiento de contratación en Liconsa.

En la apertura de propuestas del procedimiento, realizada en el 21 de octubre de 2022, cada una de las empresas vinculadas presentó una postura distinta, por lo que compitieron entre sí. Esa práctica es conocida en el sector empresarial como “simulación de competencia”. Actualmente, es vocero de Morena en la Cámara de Diputados. Se trata de Arturo Ávila Anaya, diputado federal vocero de Morena.

Aseguró que ya no participa en dichas empresas. Sin embargo, el 14 de noviembre de 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, refrendó la autorización para prestar los servicios de seguridad privada a IBN Industrias de Inteligencia Artificial, que es la nueva razón social de IBN Industrias Militares.

La notificación del permiso fue enviada al correo electrónico arturoavilaanaya@gmail.com, según consta en el expediente 383/2024. Esto contradice su afirmación de que dejó la empresa desde enero de 2024. Ávila Anaya tenía un mes y medio de haber tomado protesta como diputado federal cuando la Secretaría de Seguridad otorgó a IBN el contrato en todo el territorio nacional.

Los servicios de seguridad privada, involucra a personas y bienes; instalación de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos, la comercialización de chalecos blindados y la instalación de sistemas de posicionamiento global (GPS). En la campaña presidencial de 2018, Ávila Anaya fue promotor de López Obrador como candidato de Morena.

Al año siguiente de que AMLO asumió el poder, fue beneficiado con un primer contrato en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que su empresa IBN prestara servicios de seguridad y vigilancia por un pago mensual por hasta 3.5 millones de pesos (equivalente a un máximo de 42 millones de pesos al año). El contrato de vigilancia se refrendó y se extendió hasta agosto de 2022

Petróleos Mexicanos fue otra dependencia que contrató a IBN la empresa fundada por Ávila Anaya. El 17 de marzo de 2021, una hermana del ahora diputado firmó como representante legal en el contrato número 4800031486 que Pemex le otorgó el 17 de marzo de 2021, por el arrendamiento de camionetas con blindaje, por 4 millones 731 mil pesos por un máximo de ocho meses.

Un segundo contrato que Pemex asignó directamente a IBN (con número 4800031311) estuvo vigente en 2021 y 2022, y el monto acordado fue por 13 millones 780 mil pesos. El legislador de Morena rechaza que estos antecedentes configuren tráfico de influencias, simulación de competencia o conflictos de interés, revela una amplia investiación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizado por Eduardo Buendía y Raúl Olmos.