TRAS BAMBALINAS. Brutal deterioro de Derechos Humanos en México

Por JORGE OCTAVIO OCHOA.

México cerrará el año de la manera más escandalosa y negativa en materia de Seguridad Nacional, a la luz de dos informes oficiales de carácter internacional, que nos colocan como un Estado donde prevalece la impunidad y un debilitamiento sostenido de los derechos individuales.

Los informes son del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de Amnistía Internacional, que colocan al régimen de la 4T como un gobierno donde prevalece la “impunidad estructural”, la represión, y la estigmatización de la protesta social.

Al margen de lo que vaya a responder oficialmente Presidencia de la República, los últimos hechos confirman estas evaluaciones y ponen en picota a Claudia Sheinbaum, aunque ella no tenga nada qué ver con las decisiones que toman unilateralmente algunos gobernadores, que tuercen y usan al Poder Judicial.

En lo que va de los 7 años del ascenso al poder de Morena, se reporta que al menos 225 defensores de la tierra y derechos humanos han sido asesinados en México. Solo durante el gobierno de López Obrador, organizaciones como el Comité Cerezo México documentaron el asesinato de 79 activistas y defensores.

Otros reportes oficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob) indicaban 141 asesinatos de activistas y periodistas hasta septiembre de 2021. Lo más grave, es que se percibe una extendida presencia del crimen organizado en este clima de terror que prevalece en muchos municipios.

Bajo el régimen de la 4T, un total de 97 alcaldes han sido asesinados hasta noviembre de 2025. La extorsión y el cobro de “derecho de piso” se ha vuelto una práctica común que la sociedad en México empieza a ver como algo normal. Lejos de tomar lección de lo ocurrido, los gobernadores se suman a la tragedia.

No sólo eso. Han convertido a los comunicadores y periodistas independientes en el objeto principal de sus ataques “jurídicos”, para imputarles delitos que van desde violencia política en razón de género y lavado de dinero, hasta ¡terrorismo!”. Matar al mensajero, es la premisa de algunos gobernantes.

Los casos están a flor de piel. Artículo 19 a documentado 51 asuntos de judicialización contra comunicadores. Los más emblemáticos se han dado en Campeche, Veracruz, Puebla y Tamaulipas. En todos estos, se ve la estrecha relación entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Autoritarismo puro.  

Los imputados son Rodolfo Ruiz, en Puebla; Rafael León Segovia, en Veracruz; Héctor de Mauleón, en Tamaulipas y Jorge González Valdez, en Campeche. Se van cerrando los espacios a los medios críticos e independientes. Como en los tiempos del PRI, los periódicos “amigos” son premiados con publicidad oficial.

Las encuestas que miden la “popularidad” de la mandataria, ahora lucen todos los días en primera plana, mientras que los informes de la ONU o Amnistía Internacional, son relegados a páginas interiores. El régimen se ha tornado cada día más intolerante y represivo con los adversarios.

Lejos de ofrecer garantías, Morena ha incrementado la agresión contra reporteros. Tan sólo en este año que termina, ya son entre 13 y 15 los que han perdido la vida, principalmente en los 4 estados mencionados, así como en Sinaloa y Sonora.

Más preocupante se vuelve el asunto, cuando se observa el involucramiento de jueces venales, que sólo responden a los dictados de gobernadores, o de funcionarios de alto nivel. Todo, inversamente proporcional al repudio que ha empezado a generar en el pueblo los abusos y excesos de la gente en el poder.

El nivel de polarización se condensa también en la concentración de la llamada Generación Z, surgida luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La movilización de esos jóvenes, no sólo fue vilipendiada por Sheinbaum. Incluso ordenó una investigación, que dio paso a la persecución del primer preso político.

Raúl Meza pasó en prisión 55 días, por decisión del gobernador y el silencio de la Presidenta. Se levantó una muralla de acero frente a Palacio Nacional, de la que el régimen no quiere ahora dar cuenta, por presuntas razones de “seguridad nacional”. El distanciamiento Prensa crítica-Gobierno se ha profundizado.

En este primer año de gobierno, la relación linda entre la soberbia, el menosprecio y la amenaza. Del “ya no te voy a contestar”, pasamos a las acusaciones de TERRORISMO, de parte de una gobernadora. Al enrarecimiento de las relaciones Prensa-Régimen, hay que añadir la proliferación de noticias falsas.

La última fue, la viralización de una falsa disputa entre “El Canelo” Álvarez y el esposo de Claudia Sheinbaum, armada con la Inteligencia Artificial, lo que da pie a la justificación de los personeros del régimen que buscan controlar a las redes digitales, para cerrar la pinza de la represión.

En este primer semestre del 2026, viene la reforma, que permitirá a Morena regresar a los tiempos previos a 1988, cuando el PRI tenía el control absoluto del organismo electoral. Desde el centro del país, se definirán los destinos de las elecciones en los estados.

Aquel “apagón electoral” no servirá de lección a la autoproclamada izquierda de nuestros días. Será instrumento de la venganza por aquel robo monumental. Nadie más que ellos, ocupará el poder por los siglos de los siglos. Por eso desaparecen todos los institutos estatales electorales, conocidos como OPLES.

Pero no todo está decidido. Aunque al aparato oficial le cuesta reconocerlo, el régimen se ha distanciado de los jóvenes y ha creado una figura emergente que podría arrebatarles la gubernatura en Michoacán, a manos de Grecia Quiroz. Esto podría arrastrar también las votaciones a nivel del Congreso de la Unión.